Fuentes próximas a Moncloa inciden en que los contactos con Bruselas son constantes y que actualmente están haciendo un balance de todas las iniciativas que el Gobierno ha ido poniendo en marcha en materia fiscal. Aseguran que con las aprobadas hasta la fecha se podría dar por cumplido el hito de reforma fiscal, incorporándole únicamente los elementos que la Comisión pueda considerar. En este sentido, consideran «relevante» cumplir con las metas de déficit previstas, que no se incluya a España en el procedimiento de déficit excesivo y mantener la mejora que se ha venido logrando de los ingresos, en buena medida «gracias al buen comportamiento del empleo y la economía». Fue en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde España pactó con las autoridades comunitarias ligar el quinto desembolso a la aprobación de la reforma fiscal en cuestión. Por si quedaba alguna duda, la Comisión detalló a España algunas medidas a considerar en un informe sobre la situación de la economía nacional que publicó el pasado 26 de marzo. El documento en cuestión recomendaba eliminar los tipos reducidos del IVA, elevar los impuestos medioambientales y suprimir beneficios fiscales.
Fuentes del ministerio de Hacienda consideran que los compromisos básicamente están cumplidos y se abren a considerar las propuestas que salgan del diálogo abierto con la Comisión. En el ámbito concreto de la fiscalidad verde defienden que la Comisión Europea lleva diez años diciendo que España tiene margen para elevarlos. Según Eurostat, en 2022 (el último ejercicio para el que existen datos comparables) se recaudaron 20.500 millones de euros a nivel nacional en concepto de tributación medioambiental, el equivalente al 1,52% del PIB.
En un contexto de ingresos tributarios récord por el dinamismo de la economía española y, sobre todo, por una inflación que se situó de media en el 8,4% en el ejercicio, ese volumen de recaudación es el más bajo desde el año 2013 y en términos relativos supone, además, un porcentaje inferior al de media en la Unión Europea, donde estos impuestos superan el 2,02% del PIB.
Es cierto que existe margen para ingresar más, reconocen las mismas fuentes, pero ahora mismo consideran muy complejo adoptar medidas como un alza de los impuestos a la gasolina u otras de este tipo. Así, descartan que vaya a haber movimientos a corto plazo en este sentido, entre otras cosas porque para hacerlo, el Gobierno necesita de una mayoría que no tiene garantizada y que implica el apoyo de socios como Junts y ERC, en un momento en que la situación política en Cataluña no deja margen de maniobra a ninguno de los grupos.
Sin embargo, esas excepciones no se guardan cuando de la fiscalidad al empleo hablamos. En efecto, las cargas fiscales que gravan a los trabajadores (básicamente el IRPF más las cotizaciones sociales), agrupadas bajo la denominación cuña fiscal, registraron en España el mayor incremento de toda la Unión Europea en el periodo 2022-2023. Concretamente, en 12 meses el peso de estos gravámenes se expandió casi un punto porcentual hasta situar el nivel de la cuña fiscal española en el equivalente al 40,23% del salario medio, según datos de la OCDE y de Tax Foundation. En ese mismo periodo, dicha variable bajó en Alemania un 0,49% y en Francia un 0,17%.
España continúa aproximándose así a la carga impositiva laboral de los grandes del euro, aun cuando el nivel de las retribuciones salariales de estos países, con respecto a España, sigue siendo mucho más elevado. La cuña fiscal en Francia es del 46,83%, Alemania está en el 47,85% y Italia arrojó un porcentaje del 45,07%.
En el conjunto de economías de la UE, España ocupa el puesto 14 en lo que respecta a la recaudación por impuestos al trabajo. En el primer puesto está Bélgica, donde los trabajadores pagan más de la mitad de sus salarios en impuestos (52,73%), seguida de Alemania, Austria, Francia e Italia. Mientras tanto, Suiza tenía la carga fiscal más baja, con un 23,5%. Esta cuña fiscal se compone de varios elementos recaudatorios que se dividen en lo que paga el trabajador y lo que paga la empresa. En el caso de España, el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), que abona a caja el trabajador, supone el 12%de la cuña fiscal. Por otro lado, la empresa se encarga de pagar la mayor parte de las cotizaciones a la Seguridad Social, en concreto, el 23,3%, mientras que el empleado se ocupa de un 4,9% del total.
Si se compara con una economía similar como Italia, por ejemplo, se aprecia que el IRPF supone el 16,8% del total de la cuña fiscal, el empleado se ocupa del 4,6% de las cotizaciones a la Seguridad Social y la empresa ingresa a la Tesorería el 24%.
