Bruselas también someterá a este proceso a Bulgaria, Irlanda, Malta, Portugal y Eslovaquia, que al igual que España recibieron cartas de emplazamiento formal en febrero de 2023, seguidas de dictámenes motivados en septiembre de 2023, por no haber actualizado ni revisado estos planes.
El Ejecutivo comunitario considera que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes hasta la fecha, razón por la que ha decidido elevar el caso al TJUE. En concreto, España -además de Malta y Portugal- aún no ha informado en su totalidad sobre su tercer plan hidrológico de cuenca y su segundo plan de gestión del riesgo de inundaciones. La directiva marco del agua se centra en garantizar una buena salud cualitativa y cuantitativa de las masas de agua europeas, como ríos y lagos, con el objetivo de reducir y eliminar la contaminación, así como garantizar que haya suficiente agua para satisfacer al mismo tiempo las necesidades humanas y la vida silvestre.
Es una parte esencial del Pacto Verde Europeo y necesario para alcanzar sus objetivos climáticos, naturales y de reducción de la contaminación, mientras que el cumplimiento de la directiva sobre inundaciones es fundamental para la preparación y la gestión de estos desastres naturales.
Según esta norma, los Estados miembro deben actualizar e informar sus planes de gestión de cuencas hidrográficas cada seis años. Estos planes, que incluyen un programa de medidas, son clave para garantizar el buen estado o potencial de todas las masas de agua tal y como exige la directiva.
