En marzo, la Comisión dio dos meses de plazo ‘extra’ a España para atar este hito, después de que el Congreso de los Diputados no convalidase la propuesta inicial del departamento que encabeza Díaz por el rechazo de Podemos, UPN, PP y Vox y por la abstención de Junts.
La posición de los independentistas volverá a ser clave dado que el texto, que en principio se aprobará como real decreto-ley deberá convalidarse en los próximos 30 días, plazo que podría coincidir con las negociaciones para conformar el nuevo gobierno de la Generalitat. Al mismo tiempo, fuentes próximas al Gobierno Sánchez señalan que el Ejecutivo Comunitario está terminando su evaluación, que estará lista los próximos días, dando unas horas más a España para que tenga lista la reforma del nivel asistencial por desempleo y opte a un pago completo y no parcial del desembolso, como se había especulado a raíz de las dificultades para lograr un pacto con los sindicatos.
Las últimas semanas se habían acelerado los contactos con las autoridades europeas que se han venido mostrando flexibles con los plazos impuestos inicialmente a los socios desde que entró en vigor el programa (se los amplió antes a Italia o Alemania) dado el empeño personal de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, en sacarlo adelante. Más aún teniendo en cuenta que ha sido uno de los grandes proyectos bajo el mandato de la alemana, quien aspira a la reelección para la legislatura 2024-2029 tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio.
En realidad, los trabajos a nivel país no se han detenido en ningún momento y, mientras trataba de acordar un texto para la reforma del subsidio con sindicatos y empresarios (los últimos se descolgaron finalmente del acuerdo), el Ejecutivo Central daba pasos también de cara a cumplir los hitos y objetivos pactados para acceder al quinto y sexto desembolsos, por valor de 7.500 y 18.600 millones, respectivamente.
También ha ido avanzando en los trabajos para poner en marcha los instrumentos necesarios con que activar los 83.000 millones en préstamos en condiciones ventajosas ligados a la Adenda -de hecho, del total del sexto pago 3.600 llegarían en concepto de subvenciones y 15.000 en préstamos vinculados a esta-. La cuantía del cuarto pago se sumará a los 37.036 millones que se recibieron con los tres reintegros anteriores y con la primera prefinanciación. Esa cuantía es el equivalente al 53% del montante total que corresponde a España en forma de transferencias no reembolsables, un total de 69.528 millones ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, nuestro país podría llegar a movilizar 160.000 millones entre 2021-2026, más del 12% de su PIB, que se unirán a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027.
Por lo que respecta a las negociaciones con los grupos parlamentarios, la líder de Sumar parece tener apalabrados los votos de los diputados de Podemos que dieron su espalda al texto la última vez, puesto que el nuevo borrador mantiene la cotización del subsidio para mayores de 52 años en el 125% de la base mínima, ya que los representantes de los trabajadores hicieron suya la reclamación tras tener varios contactos con los ‘morados’. En este sentido, hay que recordar que los últimos encuentros con los sindicatos sirvieron para incorporar al nuevo texto la letra pequeña de la compatibilidad entre el cobro del subsidio y el empleo, para la que el papel de la patronal ha sido clave, tal y como ha reconocido Díaz. La ayuda destinada a las personas que han agotado el paro o que no han generado derecho al mismo pasará del 80% del IPREM al 95% en los primeros seis meses en los que se perciba y al 90% en el siguiente medio año. Se incrementará, así, de 480 euros a 570 y 540 euros mensuales. Además, se extiende el subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares, a los trabajadores del campo, a las víctimas de violencia de género y se mejora la cobertura del trabajo a tiempo parcial.