Es la primera vez que los países europeos tienen que enviar este documento a Bruselas, después de la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales tras reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, Bruselas no ha podido analizar el borrador de Presupuestos, ya que el Gobierno no ha enviado este documento debido a la inestabilidad política y las dificultades para sacar adelante las cuentas públicas.
Bruselas había solicitado a España contener el gasto neto primario al 2,8% de media de 2025 al 2031. Aunque el Gobierno español se ha comprometido a una cifra inferior, del 3%, el Ejecutivo comunitario considera que la senda de reducción del déficit resulta “creíble” y por eso ha dado su luz verde. Se espera que España reduzca su deuda pública por debajo del 100% para 2027.
Los países europeos tienen la posibilidad de enviar planes de cuatro años o de solicitar un enfoque más gradual de siete años si este lapso de tiempo más elevado es recompensado con inversiones para la doble transición energética y digital. España se ha comprometido a esto último y la Comisión Europea también ha realizado un informe positivo de las inversiones planeadas por el país.
En el año 2023, España terminó el déficit público con la cifra del 3,6%, por encima claramente de las normas fiscales europeas. Bruselas consideró que se trataba de una desviación temporal y no abrió un procedimiento de infracción. En el análisis de este martes, asegura que ese voto de confianza sigue siendo “pertinente”, ya que no ha advertido cambios en el panorama fiscal.
