Se trata de materiales como el litio, el cobalto o el níquel, utilizados para producir baterías; como el galio de los paneles solares; el boro bruto que se emplea en las tecnologías eólicas; o el titanio y wolframio, cuyo uso se ha extendido en los sectores espacial y de la defensa. Pero en estos momentos y dada la burocracia que abrir y explotar una mina conlleva serían necesarios al menos diez años
Por ello, Bruselas se propone agilizar toda esa burocracia a través de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales. El texto permitirá designar esos proyectos estratégicos para aumentar la capacidad de los Veintisiete de extraer, procesar y reciclar materias primas estratégicas y así diversificar los suministros procedentes de terceros países. Además, cada Estado miembro deberá elaborar un Programa Nacional de Exploración de las materias primas fundamentales.
Esos proyectos, considerados «estratégicos», pasarán a ser elegibles en procesos de permisos simplificados de 27 meses para extracción y de 15 meses para procesamiento y reciclaje, sin incluir el tiempo de obtención del estudio de impacto ambiental. La ley europea también pretende promover un acceso más fácil a la financiación. A los proyectos que se anuncien el próximo martes se sumarán nuevas convocatorias en breve.
“Hemos identificado 17 materias primas estratégicas para nuestra transición verde, digital, defensa y espacio, para una mayoría de las cuales tenemos una enorme dependencia del suministro exterior”, reconocía el vicepresidente de la Comisión Europea, Séjourné en un encuentro con la prensa celebrado la pasada semana en Bruselas. El también comisario de Mercado Interior explicaba, además, que el objetivo de los Veintisiete es «tener reservas que puedan cubrir, al menos, las necesidades de la industria Europea para un periodo de un año». Si bien la Unión Europea ha intensificado los trabajos a lo largo del último año, viene haciendo esfuerzos en este ámbito desde 2008.
A nivel nacional se está trabajando en adaptar los requerimientos de esa ‘hoja de ruta’ europea. El país cuenta con una Ley de Minas del año 1973 que, desde el punto de vista del experto, es una buena norma a nivel técnico, pero se ha quedado obsoleta en todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos (de ahí que se tarden hasta diez años en poner en marcha una explotación). Es, además, muy conservadora porque las minas no son propiedad de las empresas, sino una concesión del Estado.
El documento identifica al menos cuatro áreas con presencia de tierras raras, que son una parte de esos minerales críticos. Son Campo de Montiel (Ciudad Real), donde habría yacimientos de monacita con neodimio, lantano y cerio; la sierra de Galiñeiro (Pontevedra), la Rambla de las Granatillas (Almería) y el complejo basal de Fuerteventura (Las Palmas).
También se habla de la presencia de proporciones significativas de lantano y cerio en Domo del Tormes (frontera entre Salamanca y Zamora) y en tres depósitos submarinos estudiados por el Instituto Geológico y Minero de España en el golfo de Cádiz, el banco de Galicia y el monte submarino Tropic en Canarias. El cerio se emplea para pulir instrumentos de vidrio como cámaras, lentes y otros detalles de los instrumentos óptimos; el lantano se agrega al acero para mejorar su ductilidad, maleabilidad y resistencia a los impactos; mientras que el neodinio se utiliza para hacer imanes que hacen funcionar los motores de los vehículos eléctricos.
De momento, el Ministerio para la Transición Ecológica ultima una lista de los minerales críticos y de tierras raras que será prioritario buscar en zonas mineras activas o abandonadas. El departamento no ha definido aún el presupuesto que pretende destinar a ayudas a las empresas mineras que lleven a cabo estas actuaciones. Con todo, se ha puesto como objetivo, además, hacer una labor de pedagogía para explicar a los ciudadanos la importancia de que España pueda abastecer parte de los minerales que necesitará la industria europea.
