Por ello ya ha activado el mecanismo para iniciar un conflicto de competencias con el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional que paralizará esos expedientes hasta que se dirima a que administración corresponde su tramitación. Canarias defiende que son suyos puesto que las competencias de Costas se transfirieron a la comunidad autónoma el pasado 1 de enero, mientras que Transición Ecológica justifica la negativa a traspasarlos por su carácter extraordinario. “Se han traspasado las funciones relacionadas con las concesiones ordinarias, pero en estos dos casos [los dos hoteles de Riu] se trata de concesiones compensatorias que se dan por la pérdida de propiedad al realizar un deslinde. La competencia depende del Estado porque como titular del dominio público es el que debe realizar los deslindes y determinar las posibles compensaciones”, aseguran desde el departamento dirigido por Teresa Ribera.
Desde la Consejería de Transición Ecológica del gobierno canario confirman que ya han remitido la carta exigiendo la devolución de esos expedientes y que si en el plazo de 30 días no los reciben activarán ese conflicto de competencias. En primer lugar se constituirá una comisión bilateral entre el Ejecutivo central y el autonómico para tratar de solventar las diferencias y si no hay acuerdo lo tendrá que hacer el Constitucional.
Por su parte, Borges, responsable de los servicios jurídicos de la cadena Riu en Canarias, considera que el último dictamen del Consejo de Estado sobre estos expedientes refuerza la tesis del Gobierno canario. “Apunta a que el expediente de caducidad de la concesión ya ha prescrito y que el plazo para tramitar ese expediente ya ha vencido. Este tipo de decisiones es la que suele adoptar este organismo cuando no está de acuerdo con las cuestiones de fondo”, remarca.
El expediente de caducidad de la concesión amenaza por ahora solo al Hotel Tres Islas y la justificación se basa por no haber demolido unas obras realizadas en 2007. Un año después se resolvió un expediente sancionador por unas obras ilegales en el edificio. Riu pagó la multa, pero según Transición Ecológica “nunca demolió lo ilegalmente construido”.
La hoja de ruta con el Oliva Beach marca el mismo camino, ya que se le impuso un expediente sancionador en 2022 por unas obras ilegales y por la privatización de espacios que debían ser de uso público. ”Estamos convencidos de que el expediente del Oliva Beach obedece a la negativa por no aceptar el final de la concesión del Tres Islas”, remarca Borges, que está convencida de que si sigue en manos de Transición Ecológica, acabará en otro expediente de extinción
