En su auto, el magistrado explica que, en el estado en el que se encuentra actualmente la causa, se considera que el conocimiento e intervención de las personas investigadas ya no puede dar lugar a «interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos». Por este motivo, indica, han desaparecido las razones que justificaban hasta el día de hoy el mantenimiento del secreto. «Procede en consecuencia alzar la medida del secreto de actuaciones que actualmente se encontraba vigente sobre toda la causa, acordada al amparo de lo previsto en el artículo 302 de le Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo por tanto las partes tomar conocimiento de las actuaciones y alegar, probar e intervenir en la prueba ajena controlando su correcta práctica y teniendo posibilidad de contradecirla», concluye la resolución.
Cabe recordar que en el marco de esta causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se detuvo en octubre de 2024 y se acordó la prisión provisional de Aldama, que permaneció con esa medida cautelar hasta que el 21 de noviembre de 2024 declaró voluntariamente ante Pedraz.
Tras esa comparecencia en la que reveló presuntas irregularidades de miembros del Gobierno y cargos del PSOE, el magistrado acordó su salida de la cárcel previo informe del fiscal Luis Pastor.
Entre otras aseveraciones, el presunto conseguidor de la trama PSOE indicó que el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, habría recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 250.000 euros al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, y otros 100.000 al que fuera asesor de este último, Koldo García, así como que el expresidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, pidió 50.000.
A las pocas semanas de dejar en libertad a Aldama, el magistrado acordó también en diciembre la libertad provisional de su socio, el empresario Claudio Rivas, que también fue detenido en el marco de la causa en la que ambos se encuentran investigados. Adoptó esta decisión por petición de la Fiscalía y a pesar de que en noviembre había descartado excarcelarle asegurando que Rivas persistía «en su actitud de negar cualquier vinculación» con el presunto fraude de hidrocarburos por el que se le investiga.
Anticorrupción sostenía en su informe que a día de hoy «se pueden considerar si no neutralizados sí muy disminuidos los riesgos que justificaron la adopción de la medida cautelar de prisión provisional impuesta» el pasado 10 de octubre.
