Se trata de las impugnaciones contra los intentos del juez Peinado de encausar al Ministro, Félix Bolaños, la prórroga de la instrucción y la petición del listado de los trabajadores del Palacio de la Moncloa.
La fiscalía y las defensas reclamaron en esa audiencia el archivo de la investigación. El fiscal sostiene que los hechos no son constitutivos de delito y menos aún del delito de malversación. El Ministerio Público lo hace después de revisar la última prueba que se ha aportado y que, según el juez, revela indicios sólidos y fundados de delito. Se trata, según fuentes jurídicas, de 121 correos electrónicos de Álvarez que se cruzó en siete años con el exvicerrector de la Universidad Complutense, Doadrio. Lo que arroja una media de un correo electrónico cada diez días.
La defensa de Begoña Gómez también ha pedido el archivo porque no hay delito y su clienta nunca pudo cometer la malversación porque no nombró a su asistente ni autoriza el pago de su salario. Además, ha denunciado la nulidad del acto porque se ha celebrado sin que las partes pudieran haber examinado los correos electrónicos del exvicerrector de la Universidad Complutense. Se trata, ha subrayado, de una «vulneración evidente del derecho de defensa». «El derecho penal nunca puede caer en el absurdo de una interpretación extensiva, irracional, impropia de un Estado de derecho o de una configuración adecuada de los derechos que corresponden a los ciudadanos», ha concluido.
Las acusaciones populares quieren mantener abierta esta investigación y reclaman nuevas diligencias. Entre ellas que vuelvan a declarar el Presidente del Gobierno y el Ministro de Justicia. Consideran «imprescindible» el testimonio del Sánchez, que ya se acogió a su derecho a no declarar en la primera citación, para, dicen, «conocer el grado de supervisión, consentimiento o tolerancia que tuvo de las actividades de Cristina Álvarez y de la desviación sistemática de recursos del Gobierno para fines privados». También piden que declare la actual secretaria general de presidencia del Gobierno. Ahora las partes tienen cinco días para poner por escrito las conclusiones que han puesto sobre la mesa en el juzgado. Cuando esto ocurra, Juan Carlos Peinado dictará el auto en el que decidirá si continúa con la investigación, si la archiva o si la manda a juicio.
