De hecho, el Ministerio Fiscal sostiene que la parte de la causa relativa a los presuntos delitos de intrusismo profesional y de apropiación indebida mercería ser zanjada y excluida «ya».
En concreto, el fiscal expone que las peticiones de las acusaciones que rechazó Peinado en julio son «excesivas, reiterativas y superfluas» y que no se dirigen a cuestiones concretas de cara a acreditar los delitos atribuidos a Gómez, algunos de los cuáles, dice, «parece evidente ya a estas alturas de instrucción que no se han producido y que incluso merecerían ser zanjados y excluidos ya». Se refiere a los relativos a la presunta apropiación debida del software o el intrusismo profesional que Peinado le imputó en octubre del año pasado tras admitir a trámite una querella de Hazte Oír.
El instructor se hace eco del relato de la Fiscalía y lo incluye en un auto del pasado 5 de agosto, en el que razona que no ve motivos para dar luz verde a las diligencias solicitadas por las acusaciones populares. Cabe recordar que Peinado -que acaba de añadir a Begoña Gómez el delito de malversación de caudales públicos por las gestiones personales de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez- analizó toda la batería de prueba reclamada por las acusaciones y accedió a practicar parte de ella, dejando la otra fuera del procedimiento.
En concreto, autorizó requerir a Google para que aportara los correos de Miguel Rodríguez Bueno, directivo de la compañía, ya que éste, en su declaración en sede judicial, dijo que se intercambió comunicaciones con Begoña Gómez y con la asesora de Moncloa Cristina Álvarez. Al respecto Peinado dijo que adherir estas fuentes de prueba, así como los documentos sobre el asunto, podría ser de utilidad para la investigación.
Del mismo modo, también accedió a solicitar a la Universidad Complutense de Madrid el volcado y contenido de los correos de la cuenta de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez, por considerar que la petición guarda relación con el procedimiento. Además, también se dirigió a las empresas que colaboraron con la creación de la cátedra y el desarrollo del software asociado a la misma para que aportaran detalles técnicos sobre la actividad prestada, así como a Arsys para que aclarase lo relativo al registro de la web del software que, según confirmó, se realizó a nombre de la propia Begoña Gómez.
Con todo, Peinado denegó otras diligencias solicitadas por las acusaciones al entender que no forman parte del procedimiento. De esta forma cerró la puerta a ordenar a la Guardia Civil que recabara y analizara los correos que la mujer del presidente del Gobierno se intercambió entre 2020 y 2024 -año en que se abrió esta causa- con Carlos Barrabés (profesor de su máster y empresario al que avaló para que se adjudicara contratos públicos), además de otras empresas que participaron en la creación de su software.
Las acusaciones lo solicitaron a raíz de la declarado por Juan Carlos Doadrio (exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid) en sede judicial el pasado 22 de enero ya que dijo que tenía más de cien correos electrónicos de Begoña Gómez con su asistente Cristina Álvarez, precisando que la asesora de Moncloa era su persona de confianza y que siempre iba con ella a la Universidad. Al respecto cabe recordar que el 19 de julio del año pasado, Doadrio ya aludió a la asesora de Moncloa asegurando que ambas gestionaron la financiación de su máster.
Así las cosas, también rechazó reclamar toda la documentación relativa al contrato de Deloitte para desarrollar el software de su cátedra, así como las agendas y actas de todas las reuniones que Gómez mantuvo con las empresas que habrían desarrollado la plataforma digital albergada en transformatsc.org. Finalmente, también descartó volver a citar al rector de la Complutense, Joaquín Goyache para que declare exclusivamente por la presunta apropiación indebida de Begoña Gómez con lo relativo a la página web de su cátedra.
La Fiscalía se opuso igualmente a todo ello asegurando que las acusaciones han acudido a antiguas líneas de investigación ya descartadas, como las relativas a la contratación de Begoña Gómez por el Instituto de Empresa. «Otras nos resultan desconectadas del objeto que se dice pretender. Incluso hay referencias a un futuro escrito de acusación que resultan prematuras y aventuradas, en tanto que suponen la pervivencia de la causa e incluso la extensión del objeto proceso», reza el Ministerio Público.
Peinado coincide en este asunto concreto con la Fiscalía y reitera su negativa a investigar las diligencias rechazadas, lo que ha llevado a las acusaciones populares a recurrir en apelación. De esta forma, la Audiencia Provincial de Madrid tendrá la última palabra sobre el asunto.
