En un escrito de seis páginas al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público se adhiere al recurso de apelación presentado por la defensa de María Cristina Álvarez Rodríguez, la secretaria personal de la mujer del jefe del Ejecutivo, y pide expresamente anular las diligencias de investigación acordadas por el juez relativas al análisis de su teléfono móvil y de sus correos electrónicos.
La Fiscalía considera que esas pruebas fueron obtenidas vulnerando las garantías procesales y los derechos fundamentales de la secretaria de Begoña Gómez y que, por lo tanto, no pueden sostenerse legalmente. En palabras textuales del fiscal: «La resolución recurrida carece de cualquier motivación. No puede sostenerse, pues se encuentra viciada por la forma en que se ha obtenido».
El juez que ordenó estas diligencias es Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
En un movimiento que algunos juristas califican de «poco técnico», la Fiscalía protege así a la secretaria de Begoña Gómez y plantea que las pruebas obtenidas por la Guardia Civil a través del análisis de su teléfono sean declaradas nulas. El escrito concluye con la petición de dejar sin efecto la resolución del juez instructor y declarar la nulidad de todas las diligencias asociadas, por haberse adoptado, según el fiscal, «prescindiendo de las normas elementales del procedimiento».
