El Ministerio Público ya se ha mostrado a favor de tramitar la querella que presentó el presidente del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, contra Peinado, al apreciar indicios de delito en su actuación judicial en este procedimiento.
Una vez que el TSJ de Madrid reciba toda la documentación requerida, la Fiscalía pide que de nuevo se le dé traslado de las actuaciones para «informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión». En la querella -que se presentó después de la denuncia de Sánchez contra el juez-, la defensa de Begoña Gómez asegura que Peinado ha vulnerado las garantías procesales al adoptar decisiones «arbitrarias y manifiestamente injustas» que le han provocado «inseguridad jurídica e indefensión». Además, responsabiliza al magistrado de las filtraciones de la investigación cuando esta estaba declarada secreta, lo que según denuncia le ha causado «un grave perjuicio ante la sociedad» al someterla «a la pena de banquillo» y originándole «un evidente daño a todo lo que la rodea, especialmente su esposo», por la «presión mediática y política» que ha soportado a consecuencia de esas revelaciones del sumario.
La mujer del jefe del Ejecutivo achaca al instructor que haya emprendido «una cruzada personal» contra ella mediante «una aplicación del derecho incomprensible» que «ha forzado las normas aplicables», adoptando decisiones «no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias».
En esa denuncia, califica la actuación del juez Peinado como «errática», «prospectiva», «perversa», «inusual», «arbitraria» e «injusta», un comportamiento «estrambótico» que según entiende revela una «hostilidad» hacia su persona. Algo que le ha generado, se queja, un «evidente impacto en todos los ámbitos de su vida» por la «importantísima repercusión mediática del proceso», que la ha expuesto «de manera gratuita» a «especulaciones en torno a ella y a todo su entorno carentes de fundamento alguno».
Su defensa reprocha al juez de hacer coincidir «con hitos políticos» sus decisiones -como la citación como testigo a Pedro Sánchez-, que dio a conocer «mientras a la vez se reunía la Junta Directiva del Partido Popular, en una perfecta coordinación, para hacer balance del año antes de las vacaciones estivales, que obviamente aprovechó su líder para hacer de esta citación el centro de sus declaraciones pidiendo la dimisión del presidente». Para su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, es «tan palmario el carácter aparentemente prevaricador de esta decisión» que ha dado lugar «a la interposición de querella por la Abogacía del estado por prevaricación».
También tilda de «arbitraria» la citación como investigada de Begoña Gómez «cuando no habían declarado los testigos», haciéndola pública «justo a pocos días de acabar la campaña electoral de las elecciones europeas», lo que hizo que irrumpiera en la campaña electoral.
Por todo ello, la esposa del presidente del Gobierno denuncia que no dispone «de todas las garantías para su defensa» desde la incoación del procedimiento por una denuncia de Manos Limpias, y se queja de que mientras la causa permaneció secreta se enteró del devenir del proceso por los medios de comunicación mientras a ella «se la privaba de cualquier acceso al mismo». «Al igual que muta el objeto de la causa -señala- mutan los testigos a investigados produciéndose vulneraciones de garantías procesales, inseguridad jurídica e indefensión». Antes que su esposa, Pedro Sánchez se querelló contra Peinado por prevaricación, una denuncia que amplió el pasado día 2 y cuya admisión la Fiscalía ha respaldado porque, según argumentó, «no se puede descartar a priori» que los hechos que se le atribuyen al magistrado «revistan naturaleza penal».
En el escrito en el que apoya la tramitación de la querella, la Fiscalía afirma que al aludir en la citación del presidente a un posible «tráfico de influencias en cadena» el magistrado «podría estar introduciendo un elemento de sospecha en la actuación» de Sánchez. Además, considera que Peinado no justificó jurídicamente «la conveniencia y utilidad» de esa testifical ni por qué no optó por tomarle declaración de forma presencial, y no por escrito, decantándose por la fórmula «que expone más a la institución que representa». Peinado, según el Ministerio Público decidió tomarle declaración en Moncloa «sin previo aviso, como dispone la norma», eligiendo la modalidad de declaración «que mayor difusión da a la práctica de la diligencia», pese a que el Palacio de la Moncloa está dotado de medios tecnológicos adecuados «para la realización de la declaración por videoconferencia».
La Fiscalía también cuestionó que la citación de Sánchez incorporase un «apercibimiento de multa, detención y puesta a disposición judicial», haciendo «caso omiso» a lo que determina al respecto el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
