Así, ha remitido el procedimiento a la Audiencia Provincial. Tras el escrito de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, con fecha 4 de noviembre, la Audiencia pacense deberá decidir la fecha del juicio.
Ante la decisión de la jueza Biedma, una vez que ha recibido los últimos escritos de las defensas, cabe interponer recurso de reposición en un plazo de tres días. La magistrada dictó el pasado mes de abril un auto de procesamiento contra David Sánchez y otras 10 personas por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y un mes después decidió la apertura del juicio oral contra ellos. La Audiencia Provincial respaldó en septiembre la posición de la jueza.
Entre las personas procesadas, está el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que era presidente de la Diputación de Badajoz cuando sucedieron los hechos y que será el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.
El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había “creado para él”, se presentó a la convocatoria “e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”.
La jueza considera que la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno de David Sánchez que “conocían la necesidad” de este, quien “en ese momento carecía de trabajo estable”. Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y las entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como “objetivo” que fuera ocupado por David Sánchez.
La jueza también procesa a Luis María Carrero, que fue empleado del Ministerio de Presidencia. Según la jueza, Carrero habría utilizado la influencia derivada de “su amistad íntima” con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.
La acusación popular pide tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Gallardo.
Los encausado han solicitado su libre absolución. En el caso del hermano del presidente del Gobierno, su defensa insiste en que no hay delito y ha reclamado que se excluyan los correos electrónicos intervenidos por la UCO porque “se lesionaron los derechos fundamentales de los investigados”.
El que fuera presidente de la Diputación y actual secretario regional del PSOE ha negado los delitos que se le atribuyen, asegura que no conocía a David Sánchez y en su escrito de defensa llama la atención sobre cómo la causa se inició por un presunto delito del músico contra la Hacienda Pública y ha acabado en un procedimiento por prevaricación, tráfico de influencia y nombramiento ilegal.
