Según el escrito de 35 páginas, el caso gira en torno a una «colocación a dedo cuidadosamente orquestada» dentro de la Diputación de Badajoz con la implicación directa de su presidente, el socialista Gallardo, y de varios altos cargos del área de Cultura y Recursos Humanos. La acusación sostiene que David Sánchez accedió a un puesto de alta dirección que no solo fue creado expresamente para él sino que nunca llegó a desempeñar con normalidad, ya que su asistencia al puesto de trabajo fue, según el relato judicial, «esporádica, casi inexistente y sin justificación válida».
El relato de los hechos arranca en octubre de 2016, cuando David Sánchez se encontraba sin empleo estable. Según la acusación, fue entonces cuando altos responsables de la Diputación comenzaron a diseñar una plaza bajo el título de «coordinador de actividades de los conservatorios», que no respondía a ninguna necesidad real del servicio sino al objetivo de darle una salida laboral al hermano del presidente del Gobierno. La acusación aporta múltiples correos electrónicos y testimonios que demostrarían que el proceso de selección fue un «paripé». Las bases de la convocatoria fueron publicadas apenas dos días después de que se solicitara la cobertura «urgente» del puesto, sin exigencia de titulación superior en música y sin tribunal técnico objetivo. El único filtro fue una entrevista oral y se establecieron criterios de valoración «ajustados a las competencias específicas que sabían que poseía David Sánchez» como la dirección de orquesta, a pesar de que solo ha ejercido esa función en cinco ocasiones en varios años.
Los directores de los conservatorios implicados han declarado que nadie fue informado de que este coordinador estaría por encima de ellos en el organigrama, y el propio director del Conservatorio Gil, Valentí llegó a definirlo como «un disparate». Años después, en un informe interno, Valentí llegó a escribir que esa estructura no existe en ningún otro centro de España y que los informes justificativos del puesto eran inválidos. Uno de los aspectos más llamativos del escrito de acusación es que Sánchez no fichaba, no estaba autorizado a teletrabajar, carecía de despacho fijo durante buena parte de su contrato y tampoco tenía contacto habitual con los conservatorios que debía coordinar. Aun así, cobraba un salario público como personal de alta dirección.
Según el documento judicial, los informes de actividad que justificaban su labor no se encontraban en los archivos oficiales y cuando fueron requeridos por la jueza instructora fueron entregados a mano y firmados a posteriori por el propio Sánchez. La acusación sostiene que, en realidad, nunca ejerció las funciones por las que fue contratado, y que utilizó su cargo para trabajar en proyectos personales, especialmente la iniciativa Ópera Joven, que pasó a ocupar la mayor parte de su tiempo.
En 2022, la situación dio un giro. Desde la Diputación se impulsó una modificación de su puesto original para transformarlo en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La acusación califica esta maniobra como un nuevo acto de prevaricación que buscaba legalizar de forma encubierta un cambio de funciones, ya que David Sánchez había abandonado por completo cualquier vinculación con los conservatorios. El nuevo cargo fue tramitado como una simple «modificación de nomenclatura» pero en realidad supuso la creación de un puesto distinto sin pasar por los trámites legales correspondientes. Tampoco se definieron formalmente las funciones del nuevo cargo, lo que, según Manos Limpias, impidió que los órganos de control pudieran revisar la legalidad de su contenido.
La tercera línea de acusación contra David Sánchez se refiere a la creación de otro puesto a medida para su amigo íntimo y colaborador, Luis María Carrero, que pasó a ocupar la Jefatura de una nueva Sección de Programas Transfronterizos. Según los correos intervenidos, Sánchez y Carrero ya daban por hecho su incorporación semanas antes de que se publicaran las bases. Carrero venía de trabajar en Moncloa como parte del equipo de elaboración de discursos del Gobierno. La acusación sostiene que la influencia de David Sánchez fue determinante para que este puesto se creara ad hoc y se cubriera mediante comisión de servicios, un procedimiento más rápido que no exige oposición ni concurso público, y que Carrero fue el único candidato. Ambos compartían despacho en la Diputación y trabajaban conjuntamente en la búsqueda de subvenciones y la planificación de eventos musicales.
En su escrito, Manos Limpias pide para David Sánchez una condena de tres años de cárcel, dividida en dos penas de 1 año y 6 meses cada una, por los delitos de aceptación de nombramiento ilegal, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y colocación irregular de personal público. Además, solicita una multa económica en dos partes: una multa fija de 32.400 euros (180 € al día durante seis meses) y una multa variable equivalente al doble del salario público cobrado como jefe de la Oficina de Artes Escénicas (se estima que esta parte podría superar los 100.000 euros, según los años trabajados y el sueldo). A ello se suma la exigencia de devolver todo el dinero público percibido como salario desde su primer contrato en 2017, junto con los intereses legales correspondientes. En total, el impacto económico para Sánchez podría superar los 150.000 euros entre multas y devoluciones
