Además, han reiterado que García Ortiz borró los mensajes de su móvil el mismo día en que el Tribunal Supremo abrió una causa penal contra él por estos hechos y que cambió de móvil una semana después.
En su comparecencia ante el tribunal, uno de los agentes ha afirmado que la investigación puso de relieve «dos filtraciones»: la primera, «el entrecomillado» del correo del 2 de febrero con la confesión del novio de Ayuso, del que se hizo eco la cadena Ser a las 23:51 del 13 de marzo. Y la otra, ha añadido, «con otro circuito», la de «todo el correo en sí».
Respecto a esta segunda supuesta filtración, el perito ha señalado a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, que instigó el 14 de marzo a Juan Lobato, en esas fechas líder de los socialistas madrileños, para que utilizara ese correo contra Ayuso en la Asamblea.
Y aunque Sánchez Acera insistió ante el tribunal que le mandó un «pantallazo» de ese correo, el agente ha dejado claro que lo que le remitió a Lobato esa mañana fue el «continente y contenido» de ese correo. «Es el correo tal cual» -que después sale en El Plural, ha afirmado, pero «blanqueado»-. Por lo que, ha subrayado el perito, aunque Sánchez Acera intentaba trasladar a Lobato que ya se había publicado, «realmente en los medios no está hasta que lo publica El Plural. «Hasta las 8:29 de la mañana no está aún publicado en ningún medio de comunicación». La entonces asesora de Moncloa, ha defendido, tenía «el dominio de la acción». «Entendemos que de ahí sale», ha añadido.
Para la UCO -que también constató el enfado de la fiscal superior de Madrid, Lastra, por la divulgación de ese correo- resulta «llamativo» que Juan Lobato, «sin ser abogado ni ser fiscal se da cuenta de que publicar ese correo puede incurrir en una irregularidad».
La defensa del fiscal general han vuelto a insistir en por qué la UCO atribuye a García Ortiz la filtración cuando más de 500 personas tuvieron acceso a ese correo. «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas», ha replicado el perito, que ha detallado que la investigación se centró «en aquellas personas sobre las que hay indicios o sospechas», un elenco de sospechosos «que se fue concretando en una persona concreta». Por ello, ha defendido que investigar a todos quienes pudieron tener acceso a esa comunicación hubiera implicado «una investigación prospectiva imposible de abarcar».
«Todo lo que se ha filtrado textualmente estaba antes en manos de la Fiscalía General del Estado», ha defendido el agente. «De la Fiscalía General y de 600 personas más», ha apostillado la abogada del Estado Castro antes de ser reconvenida por el presidente del tribunal.
Castro ha mostrado su sorpresa por el hecho de que los agentes solicitaran al instructor analizar los teléfonos del fiscal general y de Pilar Rodríguez, pero no los de la fiscal superior de Madrid, Lastra, del fiscal Salto o el de la decana de delitos económicos, Alonso. «Es de esa personas de la que tenemos más indicios», ha puntualizado uno de los guardias civiles, que ha justificado la decisión en que «toda la Fiscalía está jerarquizada» y en que por parte de García Ortiz existió «un dominio» de la situación. «O sea, como el fiscal general es el jefe tiene que ser el filtrador», ha protestado la defensa del acusado.
Los peritos han explicado que el fiscal general cambió de móvil el 23 de octubre del pasado año, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo decidiese investigarlo por estos hechos y solo siete días antes de que el instructor mandase a la UCO a registrar su despacho para acceder al contenido de sus dispositivos. Además, han añadido, procedió a un reseteo de su contenido.
Ese nuevo teléfono, han asegurado, lo había recibido el 24 de mayo de ese año, por lo que no lo activó hasta cinco meses después. Sin embargo, han matizado a preguntas del abogado de González Amador, no devolvió ningún dispositivo.
En cuanto a la fecha en que llevó a cabo el borrado de sus mensajes, uno de los agentes ha señalado que la UCO constató que «el mensaje más antiguo se observa a las 15:04 del 16 de octubre», por lo que «se puede determinar que ha existido un borrado» coincidiendo con la fecha en que el Tribunal Supremo acordó investigarlo por la supuesta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. «No podemos determinar si ha habido un vaciado de los chats o un borrado de los mensajes», ha matizado no obstante, aunque el resultado fue el mismo: la inexistencia de comunicaciones
«Cuando se quiere acceder a la copia de seguridad se observa que esa copia no existe y ya el operador nos informa de que ha sido eliminada», ha puesto de relieve el perito respecto a los infructuosos esfuerzos para recuperar la información que contenía el teléfono móvil de García Ortiz.
En este mismo sentido, ha relatado que tampoco pudieron acceder a los correos de su cuenta personal de Gmail (donde García Ortiz recibió los correos entre la defensa de González Amador y la Fiscalía que le acusan de filtrar) «porque estaba borrada». También los intentos de recuperarlos a través de Google resultaron baldíos.
Los agentes han constatado que el fiscal general tenía en su poder el correo que acabó supuestamente filtrando desde las 21:59, después de «una cadena» de mensajes que se puso en marcha a partir de las 20:50. Pero no fue, han ratificado, hasta las 23:46 cuando recibió el correo del 12 de marzo de 2024 del que se había hecho eco «El Mundo» esa noche, asegurando que la Fiscalía ofrecía un pacto de conformidad al novio de Ayuso.
Ese último correo fue el que García Ortiz reclamó insistentemente para «cerrar el círculo». Cinco minutos después de que se lo enviaran la cadena Ser reveló la noticia cuya supuesta filtración se achaca al fiscal general.
A preguntas del fiscal Montero Juanes, los agentes de la UCO han señalado que la supuesta filtración -que vinculan con la llamada previa, a las 21:38, que efectuó a García Ortiz el periodista Miguel Ángel Campos, de apenas cuatro segundos- se produjo con la revelación, a las 23:51, de la existencia de ese correo por parte de la cadena Ser. Pero no en la noticia inicial de «El Mundo» a las 21:29 ni en la de La Sexta de las 22:10. «Ahí no hay filtración», ha subrayado.
«Desde la noticia de «El Mundo» vemos las llamadas con el fiscal (Julián) Salto en las que le solicitan los correos electrónicos de su comunicación con el abogado de González Amador». Unas comunicaciones que, ha explicado uno de los peritos, que son transmitidos primero, a las 21:54, a la fiscal superior y a Pilar Rodríguez, y más tarde, a las 21:59, al propio García Ortiz.
El 30 de octubre del pasado año, el magistrado Ángel Hurtado ordenó a la UCO a registrar el despacho de García Ortiz para llevar a cabo «la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos». Para el instructor de la causa la medida resultaba obligada porque hasta ese momento no se había podido recabar «toda la información documental» necesaria para esclarecer los hechos.
Los guardias civiles estaban facultados asimismo para realizar una copia «en su integridad o parcialmente» de «cualquier tipo de material o soporte informático y telemático», incluida expresamente la «telefonía móvil», que pudiese constituir «indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de investigación». Del mismo modo, ordenó a los agentes incautarse del «teléfono o teléfonos móviles del interesado», así como de otros dispositivos en su poder como «tablet, ordenador portátil u otros». En cuanto a los servidores de correo electrónico y redes sociales del fiscal general, el Supremo autorizó el volcado de datos de sus cuentas .
Hurtado autorizó a la UCO a permanecer en la sede de la Fiscalía «durante las horas que resultaren precisas para la finalización» del cometido, «habilitando expresamente las horas nocturnas».
El fiscal general recurrió ese registro al considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, pero la Sala de Apelación no le dio la razón y avaló finalmente la medida, que juzgó «necesaria», proporcional e incluso «imprescindible», rechazando expresamente que al tratarse de una alta institución del Estado gozase de «un ámbito de impunidad».
La Sala no apreció «objeción alguna a la incautación del material informático y telemático» ordenado por Hurtado, al tratarse de una medida justificada en su «necesidad, idoneidad y proporcionalidad» que buscaba conseguir información sobre la posible revelación de secretos investigada. En esa tesitura, determinó el Supremo, la afectación al secreto de las comunicaciones de García Ortiz y a su derecho a la intimidad resultaba «de menor intensidad».
Al rechazar los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra ese registro, los magistrados defendieron la existencia de «indicios razonables de la presunta comisión delictiva», unos indicios que -subrayaban- «se detectan por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se avalan por la Sala de Admisión, se constatan por el magistrado instructor, y nosotros lo ratificamos en esta resolución judicial».
Para la Sala, el registro era «el único» medio posible para conseguir esa información, puesto que «los aparatos e instrumentos» a cuyos datos se pretendía acceder se encontraban «en el despacho de una oficina publica». Ni la Fiscalía General del Estado «ni ninguna otra institución», dejó claro el Supremo, «tienen una garantía de inmunidad».
Además, han reiterado que García Ortiz borró los mensajes de su móvil el mismo día en que el Tribunal Supremo abrió una causa penal contra él por estos hechos y que cambió de móvil una semana después.
En su comparecencia ante el tribunal, uno de los agentes ha afirmado que la investigación puso de relieve «dos filtraciones»: la primera, «el entrecomillado» del correo del 2 de febrero con la confesión del novio de Ayuso, del que se hizo eco la cadena Ser a las 23:51 del 13 de marzo. Y la otra, ha añadido, «con otro circuito», la de «todo el correo en sí».
Respecto a esta segunda supuesta filtración, el perito ha señalado a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, que instigó el 14 de marzo a Juan Lobato, en esas fechas líder de los socialistas madrileños, para que utilizara ese correo contra Ayuso en la Asamblea.
Y aunque Sánchez Acera insistió ante el tribunal que le mandó un «pantallazo» de ese correo, el agente ha dejado claro que lo que le remitió a Lobato esa mañana fue el «continente y contenido» de ese correo. «Es el correo tal cual» -que después sale en El Plural, ha afirmado, pero «blanqueado»-. Por lo que, ha subrayado el perito, aunque Sánchez Acera intentaba trasladar a Lobato que ya se había publicado, «realmente en los medios no está hasta que lo publica El Plural. «Hasta las 8:29 de la mañana no está aún publicado en ningún medio de comunicación». La entonces asesora de Moncloa, ha defendido, tenía «el dominio de la acción». «Entendemos que de ahí sale», ha añadido.
Para la UCO -que también constató el enfado de la fiscal superior de Madrid, Lastra, por la divulgación de ese correo- resulta «llamativo» que Juan Lobato, «sin ser abogado ni ser fiscal se da cuenta de que publicar ese correo puede incurrir en una irregularidad».
La defensa del fiscal general han vuelto a insistir en por qué la UCO atribuye a García Ortiz la filtración cuando más de 500 personas tuvieron acceso a ese correo. «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas», ha replicado el perito, que ha detallado que la investigación se centró «en aquellas personas sobre las que hay indicios o sospechas», un elenco de sospechosos «que se fue concretando en una persona concreta». Por ello, ha defendido que investigar a todos quienes pudieron tener acceso a esa comunicación hubiera implicado «una investigación prospectiva imposible de abarcar».
«Todo lo que se ha filtrado textualmente estaba antes en manos de la Fiscalía General del Estado», ha defendido el agente. «De la Fiscalía General y de 600 personas más», ha apostillado la abogada del Estado Castro antes de ser reconvenida por el presidente del tribunal.
Castro ha mostrado su sorpresa por el hecho de que los agentes solicitaran al instructor analizar los teléfonos del fiscal general y de Pilar Rodríguez, pero no los de la fiscal superior de Madrid, Lastra, del fiscal Salto o el de la decana de delitos económicos, Alonso. «Es de esa personas de la que tenemos más indicios», ha puntualizado uno de los guardias civiles, que ha justificado la decisión en que «toda la Fiscalía está jerarquizada» y en que por parte de García Ortiz existió «un dominio» de la situación. «O sea, como el fiscal general es el jefe tiene que ser el filtrador», ha protestado la defensa del acusado.
Los peritos han explicado que el fiscal general cambió de móvil el 23 de octubre del pasado año, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo decidiese investigarlo por estos hechos y solo siete días antes de que el instructor mandase a la UCO a registrar su despacho para acceder al contenido de sus dispositivos. Además, han añadido, procedió a un reseteo de su contenido.
Ese nuevo teléfono, han asegurado, lo había recibido el 24 de mayo de ese año, por lo que no lo activó hasta cinco meses después. Sin embargo, han matizado a preguntas del abogado de González Amador, no devolvió ningún dispositivo.
En cuanto a la fecha en que llevó a cabo el borrado de sus mensajes, uno de los agentes ha señalado que la UCO constató que «el mensaje más antiguo se observa a las 15:04 del 16 de octubre», por lo que «se puede determinar que ha existido un borrado» coincidiendo con la fecha en que el Tribunal Supremo acordó investigarlo por la supuesta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. «No podemos determinar si ha habido un vaciado de los chats o un borrado de los mensajes», ha matizado no obstante, aunque el resultado fue el mismo: la inexistencia de comunicaciones
«Cuando se quiere acceder a la copia de seguridad se observa que esa copia no existe y ya el operador nos informa de que ha sido eliminada», ha puesto de relieve el perito respecto a los infructuosos esfuerzos para recuperar la información que contenía el teléfono móvil de García Ortiz.
En este mismo sentido, ha relatado que tampoco pudieron acceder a los correos de su cuenta personal de Gmail (donde García Ortiz recibió los correos entre la defensa de González Amador y la Fiscalía que le acusan de filtrar) «porque estaba borrada». También los intentos de recuperarlos a través de Google resultaron baldíos.
Los agentes han constatado que el fiscal general tenía en su poder el correo que acabó supuestamente filtrando desde las 21:59, después de «una cadena» de mensajes que se puso en marcha a partir de las 20:50. Pero no fue, han ratificado, hasta las 23:46 cuando recibió el correo del 12 de marzo de 2024 del que se había hecho eco «El Mundo» esa noche, asegurando que la Fiscalía ofrecía un pacto de conformidad al novio de Ayuso.
Ese último correo fue el que García Ortiz reclamó insistentemente para «cerrar el círculo». Cinco minutos después de que se lo enviaran la cadena Ser reveló la noticia cuya supuesta filtración se achaca al fiscal general.
A preguntas del fiscal Montero Juanes, los agentes de la UCO han señalado que la supuesta filtración -que vinculan con la llamada previa, a las 21:38, que efectuó a García Ortiz el periodista Miguel Ángel Campos, de apenas cuatro segundos- se produjo con la revelación, a las 23:51, de la existencia de ese correo por parte de la cadena Ser. Pero no en la noticia inicial de «El Mundo» a las 21:29 ni en la de La Sexta de las 22:10. «Ahí no hay filtración», ha subrayado.
«Desde la noticia de «El Mundo» vemos las llamadas con el fiscal (Julián) Salto en las que le solicitan los correos electrónicos de su comunicación con el abogado de González Amador». Unas comunicaciones que, ha explicado uno de los peritos, que son transmitidos primero, a las 21:54, a la fiscal superior y a Pilar Rodríguez, y más tarde, a las 21:59, al propio García Ortiz.
El 30 de octubre del pasado año, el magistrado Ángel Hurtado ordenó a la UCO a registrar el despacho de García Ortiz para llevar a cabo «la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos». Para el instructor de la causa la medida resultaba obligada porque hasta ese momento no se había podido recabar «toda la información documental» necesaria para esclarecer los hechos.
Los guardias civiles estaban facultados asimismo para realizar una copia «en su integridad o parcialmente» de «cualquier tipo de material o soporte informático y telemático», incluida expresamente la «telefonía móvil», que pudiese constituir «indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de investigación». Del mismo modo, ordenó a los agentes incautarse del «teléfono o teléfonos móviles del interesado», así como de otros dispositivos en su poder como «tablet, ordenador portátil u otros». En cuanto a los servidores de correo electrónico y redes sociales del fiscal general, el Supremo autorizó el volcado de datos de sus cuentas .
Hurtado autorizó a la UCO a permanecer en la sede de la Fiscalía «durante las horas que resultaren precisas para la finalización» del cometido, «habilitando expresamente las horas nocturnas».
El fiscal general recurrió ese registro al considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, pero la Sala de Apelación no le dio la razón y avaló finalmente la medida, que juzgó «necesaria», proporcional e incluso «imprescindible», rechazando expresamente que al tratarse de una alta institución del Estado gozase de «un ámbito de impunidad».
La Sala no apreció «objeción alguna a la incautación del material informático y telemático» ordenado por Hurtado, al tratarse de una medida justificada en su «necesidad, idoneidad y proporcionalidad» que buscaba conseguir información sobre la posible revelación de secretos investigada. En esa tesitura, determinó el Supremo, la afectación al secreto de las comunicaciones de García Ortiz y a su derecho a la intimidad resultaba «de menor intensidad».
Al rechazar los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra ese registro, los magistrados defendieron la existencia de «indicios razonables de la presunta comisión delictiva», unos indicios que -subrayaban- «se detectan por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se avalan por la Sala de Admisión, se constatan por el magistrado instructor, y nosotros lo ratificamos en esta resolución judicial».
Para la Sala, el registro era «el único» medio posible para conseguir esa información, puesto que «los aparatos e instrumentos» a cuyos datos se pretendía acceder se encontraban «en el despacho de una oficina publica». Ni la Fiscalía General del Estado «ni ninguna otra institución», dejó claro el Supremo, «tienen una garantía de inmunidad».
