Su defensa ha concluido diciendo que García Ortiz «es inocente».
«Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuenta y de emisión de un comunicado para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a los fiscales, a la Fiscalía y al fiscal general del Estado».
Su estrategia se ha basado en los siguientes puntos
la filtración del ‘mail’ sobre la pareja de Ayuso «procede de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid» Ocio alude a otro de los puntos fuertes de la estrategia de defensa: la declaración de los periodistas de la Sexta, Cadena Ser, eldiario.es y El País. «Tres de ellos tenían el correo de 2 de febrero y otros tres el contenido de ese correo», ha dicho. Ha recordado que el informador de la Ser que dio la primicia de la frase «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública» ha manifestado que su fuente le exhibió el ‘email’ y le dejó tomar notas en su «despacho de la tercera planta».
«La Fiscalía de la Comunidad de Madrid está en la tercera planta», ha manifestado Ocio. «Por ahí es por donde dice la Abogacía del Estado que procede esa filtración», ha afirmado.
En concreto, Ocio parte de la noticia que publica El Mundo, tras su conversación con González Amador, en la que, además del correo de 12 de marzo, se desvelaba que había negociaciones para asumir «una multa y una pena de prisión que no implique su cumplimiento efectivo, es decir, el ingreso en la cárcel». Esos datos no procedían del ‘email’ de Salto a Neira del 12 de marzo.
«Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, éste pierde su carácter reservado», ha subrayado la defensa.
«González Amador habló de las negociaciones de conformidad a un periodista, aunque finalmente se diese una versión acomodada a los intereses» de la pareja de Ayuso.
La propia actuación del empresario y de Miguel Ángel Rodríguez «supone que el secreto pierde ese carácter», insiste. «No pueden desvelarse los términos de esa negociación de conformidad y a renglón seguido decir que siguen siendo reservados».
El defensor ha explicado por qué García Ortiz reacciona cuando El Mundo publica el correo de 12 de marzo con el titular de que «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». Esa noticia era grave «porque venía a decir que se ofrecía un pacto a una persona inocente para arrancarle una confesión de culpabilidad y atacar así a su pareja», Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz decide hacer una nota para «atajar esas mentiras y poniendo en valor el trabajo de los fiscales», que llevaban dos días siendo «descalificados» por la presidenta madrileña y su jefe de gabinete. «Se estaba instalando un relato que perjudicaba a la Fiscalía», dice el defensor. Por eso el fiscal general «toma las riendas de la situación» y ordena que le remitan todos los correos para poder hacer con fundamento una nota de desmentido.
«La filtración del correo de 12 de marzo es la única acreditada y sobre ella ninguna de las acusaciones ha hecho ninguna mención», ha afirmado Ocio al referirse al ‘email’ que el fiscal Salto envió al abogado de González Amador, Carlos Neira. Salto le adjuntó la denuncia que había interpuesto contra el empresario y añadió, en respuesta a la propuesta de conformidad hecha por Neira el 2 de febrero, que no habría obstáculo aunque eran varios los denunciados. Según Ocio, desde la publicación de esa denuncia en eldiario.es (la primera filtración sobre González Amador, que no se ha investigado en este proceso) desde la Puerta del Sol se puso en marcha «una estrategia para minimizar los daños» que iba a a generar a Ayuso el proceso penal contra su pareja.
Por su parte, la Fiscalía ha defendido que el fiscal general del Estado, García Ortiz, no cometió un delito de revelación de secretos porque esa información ya había sido proporcionada previamente a varios periodistas y que, en caso de haberlo hecho él, sería «impune» al ser conocida por la prensa.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Sánchez Conde, ha centrado su informe final en rebatir los indicios recabados no solo por las acusaciones sino por el instructor, destacando, por encima de todo, los testimonios de los periodistas que dijeron tener acceso al correo clave antes que García Ortiz.
Así, ha aludido a «la doctrina del tribunal» para exponer que «cuando una noticia ha sido proporcionada a un periodista ya no hay revelación de secretos y aquí sabemos que muchas personas habían hecho llegar a periodistas -incluido Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- las noticias de esta causa».
Ha añadido que ante «la hipótesis de que el fiscal general hubiera hecho llegar a la prensa el célebre correo» eso sería «impune» puesto que «la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación».
Prueba de que esos correos ya se conocían, para la teniente fiscal, es que, por un lado, periodistas de El País estaban hablando de la propuesta de conformidad del abogado en el mismo momento en que el fiscal general la recibía en su correo. Lo sabían, ha dicho, «con mucha antelación» a que lo divulgase la Cadena Ser.
Ha dado especial importancia a una «acreditación gráfica»: un chat de La Sexta en el que un periodista dijo que ya tenía esa información minutos antes de tenerla el fiscal general.
La fiscal también ha rebatido a la UCO diciendo que «de ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general» porque los agentes sostuvieron que solo había revelación de secretos si alguien reproducía párrafos del correo mencionando, por ejemplo, la palabra «ciertamente» que introdujo el periodista de la SER, algo que ve «jurídicamente» dudoso.
Ha considerado, además, «legítimo» el borrado del móvil del fiscal general que, según ella, «no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa» dado que «la divulgación de las noticias jamás se produce por medios electrónicos», de modo que si se hubieran conservado las comunicaciones no se hubiera descubierto nunca el delito.
Asimismo, ha destacado las «divergencias» de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en las tres declaraciones prestadas en el procedimiento, la última en el juicio.
En concreto, ha destacado que Lastra se centró inicialmente en discutir la nota de prensa y «no hizo ninguna sospecha sobre la filtración» de correos, pero que después incluyó «matizaciones» cuando tuvo conocimiento de que el Supremo «ha variado el objeto de la causa» que se centró en «la averiguación de las filtraciones». Del mismo modo ha destacado que la prueba practicada muestra que «hay una actuación conjunta» entre González Amador y el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, quienes tienen «una relación muy fluida» y una «línea de contestación común».
Porque, ha continuado, cuando un periodista de eldiario.es llama al jefe de gabinete de Ayuso para decirle que va a publicar una noticia sobre el caso de su pareja el 12 de marzo, al día siguiente Rodríguez le dice a la presidenta «cómo tiene que hacer frente a esta noticia negando toda validez». «Hemos sido testigos de que esta línea argumentativa de Rodríguez ha sido seguida al pie de la letra por González Amador», ha dicho la fiscal, que ha aludido a que la pareja de Ayuso siempre habló de «persecución política» y «sospechó de funcionarios de la Agencia Tributaria».
Sí que ha dicho, nada más comenzar su intervención, que «el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia contra González Amador», quien «ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales».
Porque la prueba de ello, ha continuado, es que «la denuncia fue formulada con antelación a que su identidad fuera conocida por el Ministerio Fiscal» y a que la Fiscalía fuera informada de la relación sentimental que mantenía con Isabel Diaz Ayuso.
