En un escrito dirigido al magistrado de la Audiencia Nacional Moreno, el fiscal alerta de la posible existencia de intereses contrapuestos por parte de la Abogacía del Estado: por un lado, defendiendo a ese investigado y por otro, ejerciendo la acusación por los presuntos delitos fiscales cometidos por la trama. Anticorrupción considera que el alto cargo presionó para que se adjudicaran contratos a una empresa de la trama.
«Si bien actualmente no ha sido interesada la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular ante el eventual delito contra la hacienda pública, a efectos de evitar intereses contrapuestos de conformidad con el artículo 5 de la citada ley de Asistencia jurídica del Estado e Instituciones Públicas, se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos», afirma el escrito del fiscal Cabaleiro.
La Fiscalía se limita a dejar constancia de esa posible incompatibilidad, sin llegar a recurrir la personación de la Abogacía. De hecho, el escrito recuerda que hace unos días, cuando se le informó de ello, no se opuso a que la Abogacía del Estado se personara en defensa del número tres del Ministerio de Transportes. La Abogacía actúa en representación de la Administración y sigue las indicaciones del Gobierno.
También recuerda el fiscal que recientemente solicitó que Hacienda paralizara las inspecciones fiscales abiertas relacionadas con el caso Koldo mientras este se solventaba penalmente en la Audiencia Nacional. Previsiblemente, la Abogacía debería personarse en la causa como acusación particular en nombre de Hacienda por los delitos fiscales. Eso supondría tener al brazo jurídico del Gobierno como defensa y acusación al mismo tiempo.
La «incompatibilidad» de esa situación ha sido también advertida al juzgado por la acusación popular que ejerce la asociación Liberum, que va más allá del fiscal y pide al juez que no acepte la intervención de la Abogacía en defensa de los altos cargos investigados. «Estamos ante un eventual delito contra la Hacienda Pública, por lo que, la personación de la Abogacía del Estado en defensa de uno o varios investigados supondría claramente una infracción […], produciéndose un evidente conflicto de intereses», indica Liberum en su escrito al juez instructor.
El subsecretario de Transportes está citado a declarar como investigado el próximo 9 de septiembre, según acordó el juez después de que el Tribunal Supremo ratificase su competencia sobre el caso frente a las pretensiones de la Fiscalía Europea.
En el caso Koldo, el Juzgado Central de Instrucción número 2 investiga la adjudicación de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia a una empresa que habría sido favorecida por el Koldo García, asesor del entonces responsable de Transportes José Luis Ábalos. A los investigados se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias.
