A pesar de no desempeñar ninguna función consular ni diplomática, García obtuvo este documento durante su etapa en el ministerio, lo que le permitió moverse por el extranjero con un nivel de discreción que hoy resulta clave en el marco de la investigación por la trama de comisiones ilegales.
Koldo recibió este pasaporte gracias a su condición de persona de confianza de Ábalos. La concesión no era un trámite automático: requería el visto bueno de Exteriores, que lo expedía tras justificarlo en la necesidad de que García acompañaba a Ábalos en todos sus viajes oficiales.
El pasaporte diplomático es, en la práctica, una llave para moverse con facilidad por buena parte del mundo. Su posesión garantiza beneficios como el acceso a canales exclusivos en aeropuertos, la exención de visados en decenas de países y un despacho acelerado en aduanas. Fuentes policiales consultadas por este periódico aseguran que en algunos países con medidas de seguridad más laxas existe la posibilidad de sortear controles migratorios convencionales con un documento como ese. «En algunos países, el pasaporte diplomático abre la puerta a entrar y salir sin dejar apenas rastro», asegura un mando policial consultado por este diario. Esa circunstancia cobra relevancia en el marco de las investigaciones sobre el destino final del dinero que habría circulado a través de adjudicaciones bajo sospecha.
Fuentes del Ministerio de Exteriores explican que los pasaportes diplomáticos se conceden por un periodo de tres años, prorrogables. Tienen derecho automático a ellos los ministros del Gobierno y sus cónyuges, además de los altos cargos con funciones internacionales. En paralelo, el ministerio puede habilitar a «personas de confianza» que viajen de forma habitual con el titular de la cartera.
La normativa establece que, una vez cesa en su puesto, el beneficiario debe devolver el pasaporte diplomático en un plazo de un mes. En el caso de Koldo García, su salida del ministerio se produjo tras la destitución fulminante de Ábalos en julio de 2021. Eso significaba que, a más tardar en septiembre de aquel año, debía entregar el documento. Sin embargo, los hechos posteriores cuestionan que así sucediera.
