En un momento político que aumenta el ruido de un adelanto electoral, el final de esta legislatura supondría que Ábalos perdería su escaño, y por tanto el aforamiento que permite al alto tribunal asumir la investigación por corrupción política.
La instrucción iniciada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba inicialmente encapsulada en los contratos concedidos desde el Ministerio de Transportes, con Ábalos a la cabeza, al empresario de Aldama, que llegaron a sumar 54 millones de euros. La causa se inició en la Audiencia Nacional hasta que salió a la luz la presunta implicación del entonces ministro. Inicialmente sólo estaban imputados Aldama y el exasesor de Ábalos, Koldo García. Para entonces, octubre del 2024, Ábalos estaba ya en el grupo mixto tras la expulsión del PSOE, lo que le permitió mantener su acta de diputado y el aforamiento.
Durante los primeros meses, fuentes jurídicas aseguraban que una vez definido el estado económico patrimonial de Ábalos y de García, se podría cerrar la instrucción, procesar e ir a juicio.
Dos imprevistos han hecho girar el rumbo de los acontecimientos y obligar a Puente a alargar la instrucción, con el riesgo de que los trabajos de la UCO se alarguen demasiado tiempo. Por un lado, fue Aldama. El empresario fue detenido y enviado a prisión en otro asunto, por un fraude de hidrocarburos y llegó a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Reconocía las mordidas, contaba todo lo que supiera, apuntaba hacia arriba y podría quedar en libertad. Dicho y hecho.
Durante el tiempo de Ábalos en el ministerio, Aldama se había convertido en una de sus manos derechas a la sombra. Conocía los presuntos trapos sucios que se movían en el ministerio, cómo García y Ábalos presuntamente amañaron contratos a favor de otras empresas y cómo se colocó a una novia de Ábalos en una empresa pública, además de que reconoció haber pagado comisiones a otros dirigentes políticos. A finales del 2024, este empresario ponía otro nombre encima de la mesa: Santos Cerdán.
Y ahí vino otro hito con el que no contaba Puente. La UCO entregó un informe con el contenido de unos audios que se habían incautado a García durante el registro de su domicilio. En ellos se podía escuchar a Cerdán reconocimiento amaños, por lo que desde el 30 de junio está en prisión. Este descubrimiento, como el propio magistrado reconoce en su última resolución judicial, le ha obligado a investigar más contratos de Transportes, como los concedidos a Acciona, y una nueva línea de investigación que afecta a Cerdán y que todavía no se sabe hasta donde va a llegar.
El principal problema de todos estos hallazgos es que a la UCO se le acumula el trabajo, lo que supone más tiempo. La doctrina del Supremo es que si un investigado pierde el aforamiento en la fase de instrucción, el asunto tendrá que irse a los juzgados ordinarios. Sólo cuando está dictada la apertura de juicio oral la competencia se consolida. Esto significa que si Puente quiere llegar hasta el final, debe cerrar alguna parte de la investigación antes de que Ábalos deje de ser aforado. Si no, podría pasar que todo el asunto vuelva a la Audiencia Nacional, donde la instrucción va a un ritmo más lento y podría eternizarse, bajo el riesgo de que acabe en una maraña de recursos infinitos.
Por eso, tanto el juez como Anticorrupción estudian la posibilidad de cerrar la parte de la causa más avanzada, es decir los contratos de mascarillas a Aldama, y por lo menos llevar a juicio a Ábalos, García y al empresario, mientras se sigue tirando del hilo de todos los contratos de Transportes, de dónde ha acabado el dinero, y si hay más implicados, que obviamente no se descarta.
La resolución judicial dictada esta semana por la que se confirma la prisión del exsocialista Cerdán da pistas de las próximas novedades del caso. El instructor Puente recuerda que está pendiente de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregue el informe patrimonial sobre el exsecretario de organización. El juez sospecha que tiene dinero escondido al ser él quien presuntamente se encargaba de repartir el dinero de los amaños entre el exministro Ábalos y su asesor Koldo García. Lo siguiente que espera el juez es un informe detallado entre los vínculos de Cerdán y su entorno próximo con la empresa navarra Servinabar. Y después, las relaciones empresariales de ésta con Acciona, con quien han formado UTE en algunas adjudicaciones. Puente sospecha que la navarra ha podido ser la tapadera de Cerdán y de Koldo García para cobrar las comisiones ilegales. Y una vez definidos estos vínculos, qué otras personas están implicadas.
