En un auto el magistrado ha acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción reclamar a ambas administraciones todos los correos electrónicos de los altos cargos de los servicios de salud que se involucraron en esas gestiones, así como la documentación relativa a la empresa bajo sospecha. Para ello, encomienda a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acuda a sus respectivas sedes para hacer acopio de todo ese material
En esa resolución, el instructor puntualiza que en este caso «no nos encontramos con una mera sospecha, sino en la constancia y evidencia de claros indicios» de la participación de los investigados -entre ellos Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos- en la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal.
Se trata de la primera decisión de calado que adopta el juez una vez el Tribunal Supremo devolvió a la Audiencia Nacional la competencia para investigar también los contratos adjudicados por ambas comunidades autónomas a Soluciones de Gestión, hasta entonces en manos de la Fiscalía Europea, pese a que se financiaron en parte con fondos comunitarios. Moreno asegura que es necesario investigar las posibles irregularidades cometidas en la tramitación de esos expedientes y determinar «las personas involucradas» en las supuestas conductas delictivas.
En consecuencia, reclama al Servicio de Salud de las Islas Baleares (IbSalut) que facilite, «en presencia de la Guardia Civil», una copia de «todos los buzones/carpetas» de los correos corporativos de Juli Fuster, exdirector general del Servicio de Salud balear, y de Antonio Mascaró, exsubdirector de compras de IbSalut) entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020, así como «toda la documentación» sobre el contrato con Soluciones de Gestión (por el que la empresa de la trama suministró mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros) que no se entregase en julio pasado a consecuencia del anterior requerimiento.
Del mismo modo, el juez encarga a la Guardia Civil que se lleve una copia de la información que tenga el IbSalut sobre «cualquier reclamación» formulada por el Gobierno balear a Soluciones de Gestión «vinculada o no» a ese contrato, junto con el contenido de los correos corporativos desde el 1 de septiembre del pasado año «de los intervinientes en la citada reclamación».
En cuanto al Servicio Canario de Salud, la Audiencia Nacional quiere analizar los correos, desde el 1 de enero al 1 de julio de 2020, de Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del departamento, y toda la documentación sobre la tramitación del expediente de adjudicación a la empresa de la «trama Koldo» que no haya sido entregada ya a la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de cuatro expedientes para la adquisición de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 FFP2 por 2.095.018 millones; el transporte, fletes aéreos y seguros del material sanitario por 447.061 euros; el desembolso de 4,7 millones de euros para la compra de más mascarillas; y de otros cinco millones para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.
Para el juez, el acceso a estas comunicaciones es «la única vía que permitiría conocer e identificar a los miembros de la organización investigada, dadas las medidas de seguridad que utilizan», así como los «eventuales contactos personales que puedan establecerse entre ellos y otras personas que podrían estar implicadas en la operación» y que aún no son conocidas. Es, insiste, la mejor opción «para lograr avances en la investigación».
