La cuarta jornada del procedimiento ha seguido pivotando sobre el ‘enchufe’ de Jéssica Rodríguez y sobre los presuntos pagos en efectivo que se produjeron a los acusados, que se sientan en el banquillo, como resultado de los favores prestados a las empresas vinculadas a la trama de los contratos irregulares.
Así las cosas, la ronda de testimonios ha arrancado con el interrogatorio de Josefa Pérez García, gerente de servicios de soporte en Ineco, empresa que formalizó un la que la ex amante de Ábalos, quien ha confirmado ante el Tribunal que si bien nunca tuvieron constancia de las ausencias de Jéssica a su puesto de trabajo, sí era consciente de que el acceso de ésta al mismo se produjo sin seguirse los cauces habituales para este tipo de incorporación.
Pérez ha sostenido que no se produjo la entrevista estándar a la que deben enfrentarse los aspirantes al mismo tipo de vacantes que se le asignó a la joven quien, de acuerdo con la testigo, acudió a la firma del contrato en las oficinas de Campo de las Naciones, acompañado de Koldo. «También la acompañó para la recogida del ordenador en una segunda visita», ha añadido. Un detalle que asienta la intercesión del ex asesor de Ábalos en la contratación de la mujer.
A continuación, la Sala ha podido escuchar el testimonio de Manuel Pérez Vilariño, agente inmobiliario especialista en inversión en alquileres vacacionales, que se ofreció a prestar ayuda a la familia de José Luis Ábalos para buscar una casa en alquiler en la Costa del Sol, a raíz de su amistad con Víctor, el hijo mayor del ex ministro.
Pérez Vilariño ha asegurado que analizó para ellos la «rentabilidad» de la adquisición de compra que estos valoraban sobre el chalet de La Alcaidesa (en Cádiz) que la empresaria Carmen Pano, la semana pasada, aseguró que era un «pago» en especie de la trama a las gestiones realizadas por el ex socialista. El experto inmobiliario ha asegurado que no estudió el contrato de alquiler con opción a compra pero sí «desaconsejó» categóricamente la operación, tras hacer el análisis de la vivienda, en función de la zona donde estaba ubicada y las características de la misma.
En relación con esta misma casa, que los agentes de la UCO identificaron en fase de instrucción como una contraprestación de los empresarios beneficiados por la presunta mediación del ex ministro Ábalos en favor de la concesión de las licencias de hidrocarburos, ha declarado Israel Pilar Ortiz quien, a su vez, se encuentra imputado en al procedimiento penal que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
El interrogatorio a Pilar Ortiz se ha centrado, en esencia, sobre un Whatsapp, remitido por Manuel Salles Carceller, en el que el remitente se refería a un correo «incendiario» previamente enviado al ex ministro Ábalos. Así las cosas, el 19 de enero de 2022, el empresario hizo constar que «Villafuel no va a ser operadora (de hidrocarburos) por mucho que esponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento».
El testigo ha asegurado que en aquella conversación, se hizo referencia a cómo el mail de Salles llegó a oídos de Koldo que, al enterarse, dijo que iba a «arder el convento». Cabe recordar que Pilar Ortiz aparece señalado, por otra parte, como el «primer eslabón» de la trama en relación con el aprovisionamiento al Gobierno de material sanitario.
De acuerdo con las pesquisas, el testigo pudo haber recibido comisiones como “intermediario para el suministro [de dicho material] a la Administración Pública», dado que fue él quien presentó a Víctor de Aldama a las personas encargadas del aprovisionamiento de las mascarillas.
Alterando el orden previsto para las declaraciones de esta sesión, el tribunal ha continuado con la intervención del propio Salles Carceller, también imputado en el caso hidrocarburos, que sigue el magistrado Santiago Pedraz en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, para continuar con el hilo argumental del polémico correo. Salles fue quien como auditor de la empresa Gaslow, y siempre según su versión, destapó las cosas que, en su opinión, en materia de licencias de combustible «no se estaban haciendo bien» y, por ello, las denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. «Nunca entendí cómo una empresa de hidrocarburos patrocinaba a un club de fútbol como el Zamora [del que entonces era presidente Víctor de Aldama]», ha asegurado.
El auditor ha confesado su relación con Claudio Rivas, socio de Aldama, con el que sin embargo no coincidió en ningún momento, quien aparece investigado por ser uno de los empresarios que pagó ‘mordidas’ a Ábalos, presuntamente, a cambio de una licencia de operadora de hidrocarburos.
El testigo ha referido cómo Rivas presumía de la influencia que tenía sobre el ex ministro Ábalos y su ex asesor Koldo, a quien Salles tuvo en nómina, una vez salió de Transportes y «se quedó sin trabajo»: «Rivas iba con un recibo del señor Ábalos y decía: ‘Vamos a tener la licencia porque mira la influencia que tenemos’. A mí esto me sentó mal porque me parecía injusto». Así las cosas, avisó a ambos de lo que estaba sucediendo, para que la licencia no se adjudicara, algo con lo que Koldo «se enfadó muchísimo», certifica Salles en línea con lo que manifestaba el testigo anterior.
Del mismo modo, Salles ha relatado que rechazó acudir a un viaje organizado por el Ministerio de Transportes a Guinea Ecuatorial en el que se iba a hablar de un «proyecto muy bonito» como era «la emisión de deuda pública». Un asunto en el que no encajaba gente «tan dispar» como la entonces novia del ministro, Andrea de la Torre. «Yo me bajé» de aquel desplazamiento, ha confirmado el testigo, porque entendía que no se iba a «trabajar en serio y yo elijo con quién quiero pasar mi tiempo de ocio». «Yo no he viajado nunca con el señor Ábalos a ningún sitio», tampoco a Canarias, ha negado sistemáticamente ante el tribunal, a preguntas de la defensa de Koldo.
Patricia Úriz, expareja del exasesor ministerial Koldo García Izaguirre, solo ha respondido a las preguntas de su letrada Leticia de la Hoz (la misma abogada que representa a su ex marido) dado que, como en el caso de otros testigos citados por el Supremo, la mujer está siendo investigada en la pieza del ‘caso PSOE’ que todavía se sigue en la Audiencia Nacional. Úriz ha negado las conclusiones recogidas en los informes de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las que se la sitúa en varias de las conversaciones de Whatsapp que, presuntamente, mantuvo con Koldo en las que hablaban de ‘chistorras’, ‘soles’ y ‘lechugas’. La testigo ha asegurado que no reconoce el tono de dichos mensajes en los que, a juicio de los agentes, se utilizaban términos en clave para hablar de dinero.
Como ha venido sosteniendo hasta la fecha, la mujer ha defendido que todo el dinero que, tanto ella, como su ex pareja, no sólo era «legal» y «estaba justificado». Así las cosas, Úriz ha explicado que parte del efectivo incautado por los guardias civiles de la ‘Operación Delorme’, guardado en un armero que se encontraba en el domicilio compartido por ambos, era suyo y que Koldo ignoraba la existencia y el origen -fruto de su esfuerzo ahorrativo- del mismo.
De hecho, Patricia ha insistido en que el régimen de la pareja era de fondos totalmente privativos y separados, si bien era ella la que llevaba la «contabilidad familia» para diferenciar su patrimonio del que no lo era. No en vano ha reconocido en que los pagos en efectivo que se recibieron en los sobres del PSOE eran reintegros de gastos adelantados por la actividad política «de campaña» en la que se encontraban inmersos tanto Koldo como el entonces ministro de Ábalos. Llegados a este punto, la testigo ha asegurado que todo se abonaba contra los justificantes correspondientes: «Ferraz sólo pagaba tickets o factura. En ese sentido eran muy estrictos». Una operativa de la que se encargaba «Celia», en referencia a la empleada socialista que primero declaró que no se efectuaban abonos de gastos en efectivo y que después reconoció los sobres pero, siempre, con cargo a anticipos legales porque detallaban hasta las monedas de los «céntimos».
En línea con lo relativo al ex ministro Ábalos, Patricia Úriz no ha dejado de insistir en que tanto ella como Koldo, en calidad de pareja, adelantaron dinero al exministro José Luis Ábalos que no quería que «sus mujeres» tuviesen detalles de dónde había estado o en qué se lo había gastado. «Yo iba a comprar el tabaco, le llevaba la ropa a la tintorería, billetes de tren que compraba para la familia, cosas de Amazon, libros,…», ha enumerado la testigo antes de añadir que, para ello, anticipaba el importe. Si bien, nunca preguntó para qué o quién eran aquellos objetos.
Tampoco ella se encargó de reclamar la devolución de aquellas cuestiones: «Yo no trataba nunca de los pagos con el señor Ábalos». De esos menesteres se encargaba Koldo, a quien el ex ministro no pagaba sus ‘deudas’ con toda la diligencia que a Patricia Úriz le habría gustado. Su pareja, entonces, le decía que se lo abonaría «cuando pueda», pero que el desfase era tal que en el momento de separarse, Ábalos todavía «les debía» dinero del que le habían prestado.
De hecho, Patricia Úriz llegó a gestionar la pensión mensual de alimentos de Carlos, el hijo pequeño del socialista, por la situación familiar en virtud de la cual su entonces pareja, Carolina Perles (a quien la testigo, dada su mala relación con ella, se refería como «Puta 1», algo de lo que ha dicho estar «muy arrepentida»). De acuerdo con la testigo, Perles «no apreciaba a los hijos fruto del otro matrimonio» anterior de Ábalos. Por ello, y para evitar discusiones el ingreso de dicha cantidad «lo hacíamos nosotros».
En el mismo sentido, pero esta vez en relación a la hija que ella y Koldo tienen en común, Úriz ha asegurado que el piso que el exasesor ministerial compró en Benidorm y puso a nombre la misma, pese a que es menor de edad, se hizo así para dejarlo «fuera de la herencia» que habría correspondido al otro hijo que tenía, fruto de una relación anterior. Fue una operación de la que se encargó Koldo, con la ayuda de «su familia» que le ayudó a comprarlo. «Joseba nos prestó un dinero que aún no le hemos podido devolver”, ha lamentado.
