En línea con la defensa del despacho central de la supuesta trama, Equipo Económico, acusado del supuesto cobro de mordidas para influir en reformas legislativas, los hermanos Menéndez denuncian que los Mossos d’Esquadra no tenían competencias para llevar a cabo la investigación, dado que los supuestos hechos ocurrieron en Madrid y defienden que no era necesario prolongar siete años el secreto de sumario en la causa.
En su escrito de defensa, al que se ha adherido precisamente Equipo Económico, el exdirector de la Agencia Tributaria asegura también que eran las asociaciones las que hacían llegar las propuestas de reformas legislativas al ministerio de Hacienda y no el despacho.
Santiago Menéndez fue director General de AEAT en los periodos en los que la AFGIM, la asociación que englobaba a las empresas gasistas que pagaron, presuntamente, cantidades ilícitas a EE, contrató a este despacho y, de acuerdo con el instructor del caso, recibió dinero de EE entre 2010 y 2011. Según recoge un informe de los Mossos d’Esquadra, Menéndez Menéndez recibió hasta 4.700 euros de la consultora fundada por Montoro «por realizar conferencias, seminarios o cursos colaborando con Equipo Económico», durante los años 2009 y 2011. Estos pagos, no obstante, se corresponden por impartir cursos y no se efectuaron cuando él ostentaba la Dirección General de Hacienda; cargo que ocupó desde junio de 2013 hasta junio de 2018.
Por su parte, Rogelio Menéndez fue, según expone el sumario del caso y los correos intervenidos, quien participó en la reunión con las empresas gasistas en fecha de 4 de marzo de 2014. Son empresas que, tras haber pagado una supuesta comisión a EE, habrían logrado hasta dos reformas legislativas acorde a sus pretensiones, algo que la UCO ha desmontado posteriormente.
La reunión revelaría, según el juez, «un conocimiento directo no solo de los motivos e intenciones de tal reunión, sino también de su estéril contenido». Según expone el sumario, Rogelio Menéndez filtraba supuestamente al exjefe de Gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, información fiscal y «reservada» sobre determinadas personas públicos: desde la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el exministro Rodrigo Rato, hasta empresarios y deportistas como Rafael Nadal.
