«El secreto resulta excesivo y desproporcionado en atención a la naturaleza de los hechos investigados», califa Equipo Económico en su escrito. El texto, avanzado por El Mundo, insiste en que «no puede entenderse justificado razonablemente que durante todo ese tiempo no se pusiera en conocimiento de los investigados», entre los que se encuentra Montoro, que «ni siquiera la existencia misma del procedimiento».
Los investigados sostienen que «una vez levantado el secreto se acredita su falta absoluta de necesidad para garantizar el resultado de la investigación». Además, recalcan que dicha prórroga se autorizó «en contra de lo solicitado por el Ministerio Fiscal, a quien correspondía constitucionalmente la garantía de los derechos de los investigados». E insisten: «La indebida prolongación del secreto ha determinado que el proceso se encuentre viciado de nulidad» y que esté plagado de «gravísimas anomalías».
El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que la ampliación del plazo máximo de un año de instrucción debe hacerse mes a mes en caso de que permanezca reservada. La del caso Montoro requirió más de 70 prórrogas, lo que ha soliviantado a las 26 personas físicas investigadas por siete delitos, el exministro del PP entre ellas, y otras seis jurídicas.el despacho que fundó Montoro en 2006, ya acudió en julio a la Audiencia de Tarragona para solicitar la nulidad del procedimiento. Este considera que «en ningún momento durante la entrada y registro» de Messer Ibérica se solicitó «una nueva autorización que legitimase la incautación de esos correos», por lo que los agentes habrían actuado al margen del «más mínimo control judicial» y habrían vulnerado el artículo 18 de la Constitución, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
El despacho que creó Montoro antes de formar parte del Gobierno de Mariano Rajoy carga tintas contra esos emails, que datan de finales de 2013. Estos no son la única fuente de la investigación, que incluye los expedientes de tres leyes en las que presuntamente influyó la trama y pinchazos telefónicos, aunque estos fueron anulados tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción. Despacho Económico acusa al juez instructor de iniciar una «investigación prospectiva» tras incorporar esos correos a una causa que mantuvo siete años en secreto.
El artículo 579 bis de la LECrim admite la posibilidad de abrir un proceso con la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos causales, por lo que la actuación de los Mossos estaría justificada. El precepto se incluyó tras una modificación de 2015, pero se venía aplicando a entradas y registros desde junio de 1992, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Naseiro. El asunto se archivó finalmente porque las escuchas, que derivaron en un caso de financiación ilegal del PP, solo se habían permitido para aclarar un presunto caso de narcotráfico.
El juez Rus, que instruye el denominado caso Montoro, considera que existen indicios de que Equipo Económico urdió un complejo sistema para beneficiar a empresas gasistas entre 2014 y 2018. La trama estuvo basada en una «red de influencias» dirigida por el propio exministro. Los clientes de Equipo Económico llegaron a conocer el borrador de los Presupuestos General del Estado de 2018 seis meses antes de que llegara al Congreso y obtuvieron una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico tras contratar al despacho.
