No obstante, se abre a negociar la cobertura sanitaria que presta en monopolio a los 8.000 funcionarios que trabajan en el extranjero. Será la primera vez en la historia de las mutuas que el grupo decide no presentarse ante las pérdidas acumuladas en el último trienio, que ascienden a más de 70 millones de euros brutos. Según sus cálculos, la continuidad en el sistema le aportarían unos números rojos de entre 70 y 100 millones, cantidad que habría que imputar en el año 2024 por efecto de la normativa contable IFRS17.
La compañía carga contra las condiciones de la oferta al considerar que no recoge los requisitos solicitados como el incremento de la prima superior al 40% solamente por un año y la vinculación del modelo al aumento del gasto sanitario público. «Sigue siendo insuficiente para equilibrar ingresos y gastos», precisan. El Gobierno ha puesto encima de la mesa 4.478 millones, un 33,5% más, a la que habría que descontar el gasto hasta que se resuelva la licitación.
Desde DKV defienden que el modelo de mutuas está «infra financiado», ya que, en su opinión, «el gasto de prestaciones médicas en el último concierto ha sido sustancialmente superior a la prima recibida». En este sentido, remarcan que el gasto sanitario per cápita de la última década de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras se ha elevado un 60,6%, mientras que el incremento de la prima ponderada de Muface se ha incrementado tan solo un 31,6%, prácticamente la mitad.
Por otra parte, se definen como «defensores del modelo de colaboración público-privada» y aseguran que en el último año ha trabajado para lograr una reforma del modelo que lo hiciera sostenible. «Una empresa responsable y con una buena reputación en el mercado como la nuestra no puede permitirse continuar con estas condiciones, ya que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución insuficiente de los profesionales sanitarios», explica el consejero delegado de DKV, Campos.
Asisa, por su parte se enfrenta ahora a la dicotomía de plantarse y no acudir a la licitación de Muface o, por el contrario, seguir adelante como única aseguradora. La retirada de SegurCaixa Adeslas hace unas semanas y de DKV, que lo ha anunciado este jueves, pone en una encrucijada a esta compañía que concentra alrededor de 500.000 mutualistas, con una cuota del 35%.
A menos de una semana para que expire el plazo y concurrir, que finalice el próximo 15 de enero, Asisa asegura que analiza la viabilidad de asumir el concierto en solitario. De hecho, la renuncia de los otros dos operadores ya era uno de los escenarios que estaba estudiando. En este sentido, fuentes de la compañía admiten contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, con la que han abordado «algunas dudas».
Finalmente, CSIF -uno de los sindicatos mayoritarios dentro de los funcionarios- ha tomado partido después de que la crisis se haya agudizado y ha anunciado que asesorará a sus afiliados mutualistas con el objetivo de emprender acciones legales en aras de defender sus derechos e intereses, además de resarcir los daños y perjuicios que se les produzcan. La organización carga contra el Gobierno, al que acusa de realizar una «dejadez de funciones» y está mostrando una «absoluta falta de respeto» a los empleados públicos ante la «falta de transparencia» de la situación.
