De esta forma, carga contra el informe ‘Muface: del seguro privado al sistema nacional de salud’ recientemente difundido por el Ministerio de Sanidad y donde se propone la posibilidad de incorporar a los funcionarios mutualistas al sistema público de salud. Sanidad señala, de hecho, que es una opción «tanto viable como razonable».
Es mas, remarca que las aseguradoras no son las que eligen los funcionarios que van a atender y que, por tanto, «es imposible» que haya ningún criterio de selección. «Todo lo contrario, son los funcionarios los que eligen cada año el régimen al que quieren adherirse y las entidades se comprometen a ofrecerles sus servicios con todas las garantías», argumenta la patronal.
Asegura, de hecho, que los funcionarios son los que seleccionan de forma mayoritaria las aseguradoras privadas por «la calidad del servicio que reciben desde hace décadas» y recuerdan que la proporción de elección es del 80%.
Igualmente, defiende que el concierto de mutualidades obliga, por razones de equidad, a que las aseguradoras costeen los tratamientos en aquellos casos en los que un paciente de Muface tenga que recibir un tratamiento por parte de la sanidad pública. Además, los costes de dicho tratamiento se deben atender siguiendo los precios que marca el sistema público.
«Las entidades han asumido con el convenio actual pérdidas muy importantes y, en un ejercicio de transparencia y responsabilidad, han seguido prestando el servicio con absoluta normalidad manteniendo los niveles de calidad asistencial, pero advirtiendo a la Administración de la infrafinanciación del modelo y de la necesidad de dotarlo de recursos suficientes para hacer posible su continuidad», critca Unespa.
Así, sostiene que esta infrafinanciación del modelo alcanzaría ya una diferencia, con relación a la media que por persona recibe el resto de la Sanidad Pública, superior al 40%.
Unespa aprovecha para remarcar que las aseguradoras que están adheridas al convenio de Muface –Adeslas, Asisa, y DKV, seguirán presentando asistencia sanitaria con absoluta normalidad a los funcionarios hasta el próximo 31 de enero, tal y como regula el convenio firmado. «Las aseguradoras garantizan, además, que lo harán con el mismo nivel de calidad y cobertura de siempre», apostilla. Además, y de acuerdo con el convenio vigente que incluye una prórroga en caso de no adjudicarse el servicio antes del 31 de diciembre, dichas aseguradoras continuarán atendiendo hasta el 31 de marzo de 2025 a aquellos usuarios que se encuentren hospitalizados a la finalización del convenio y su estancia deba prolongarse, según Unespa.
Sin embargo, Sanidad recordaba en su informe sobre Muface que, siguiendo la Ley de Contratos del Sector Público, se puede prorrogar el concierto actual durante nueve meses, plazo que la Administración podría utilizar para realizar el trasvase de funcionarios al sistema público.
