El escrito de acusación considera probado que cuando el Banco Popular amplió capital en 2016 por un importe de 2.505,5 millones de euros «proporcionó una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica y patrimonial de la entidad, lo que impidió que adoptaran una decisión libre y no viciada sobre la realización de la inversión».
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ya el pasado mes de junio que el expresidente del Banco Popular debía ser juzgado por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable supuestamente cometidos en la ampliación de capital del 2016, previa a la resolución de la entidad un año después y a su compra en subasta por el Santander por un euro. Los magistrados de la Sección Cuarta desestimaron así el recurso que presentó Ron contra la decisión del juez José Luis Calama de proponer sentarle en el banquillo de los acusados el pasado mes de marzo al entender ya que los inversores habían acudido «engañados» a la ampliación.
El Ministerio Público acusa ahora en su escrito a un total de 11 personas, la mayoría de ellos exaltos cargos del Popular, aunque también figuran dos auditores de Pricewaterhouse, aunque exonera a la firma. La fiscalía, de hecho, señala que estos dos, previamente acusados, «intervinieron de forma activa en la junta dando cuenta de su trabajo de auditoría».
Además de Ron, la Fiscalía reclama 6 años y medio de prisión para el ex consejero delegado del banco, Francisco Gómez; el ex vicepresidente de la entidad Roberto Higuera y el exconsejero Jorge Oroviogoicoechea por los mismos delitos. Asimismo, pide también 4 años de cárcel por los mismos delitos para el exinterventor general Javier Moreno Navarro, el exdirector financiero Francisco Sancha, el exdirector general José María Sagardoy, el exdirector general de Auditoría Interna Jesús Arellano. Además, propone una pena de siete meses de prisión por un delito de falsedad para Tomás Pereira, ex director de la unidad de servicios jurídicos y cumplimiento del Popular.
Según el relato de Anticorrupción, el falseamiento de las cuentas influyó en los inversores e «impidió que adoptaran una decisión libre y no viciada sobre la realización de la inversión en los términos y condiciones que lo fue». En concreto, señala que «en las cuentas anuales del año 2015 y en los estados financieros a 31 de marzo de 2016, incluidos en el folleto de ampliación de capital, se ocultó a los inversores, entre otras irregularidades contables, el déficit de provisiones existente, cuya repercusión en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del grupo Banco Popular fue la de arrojar un resultado positivo de beneficios por importe de 105,4 millones de euros cuando el resultado real, que se mantuvo oculto a los suscriptores de las acciones, fue de pérdidas por, al menos, 2.553,2 millones de euros».
Anticorrupción indica que «el déficit de provisiones se mantuvo parcialmente oculto en los estados financieros intermedios y en las cuentas anuales de 2016, de tal manera que el resultado económico del grupo en el ejercicio 2016 no fue de 3.485,36 millones de euros de pérdidas netas declaradas sino un resultado negativo de pérdidas contables netas de, al menos, 4.414,53 millones de euros». En su escrito, la Fiscalía explica además que «el grupo Banco Popular estuvo sujeto a la supervisión del Banco de España hasta el 3 de noviembre de 2014» pero que «a partir del 4 de noviembre de 2014, como consecuencia de la entrada en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión, la supervisión se llevó a cabo por el Banco Central Europeo al tener la consideración de grupo significativo supervisado, en atención a su tamaño «, con unos activos totales entre 100.000 y 125.000 millones de euros.
En todo caso, recuerda que «desde 2008, el grupo Banco Popular, con importancia sistémica -esencial para la estabilidad financiera nacional o global- estaba sometido a seguimiento continuado por el Banco de España, que lo clasificaba con entidad con un perfil de riesgo supervisor alto/estable». «En sus informes de inspección y seguimiento el Banco de España reiteró y puso de manifiesto el déficit constante de provisiones hallado en Banco Popular, con el efecto de que los fondos propios declarados en sus estados contables estaban sobrevalorados», precisa Anticorrupción.
En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio considera que la entidad bancaria «incurrió de manera reiterada y consciente en una deficiente clasificación de los activos inmobiliarios y en la incorrecta valoración de los inmuebles que garantizaban la cartera crediticia»; incluso, en el año 2014, llevó a cabo un cambio en la política contable «contrario» a lo establecido en la regulación entonces vigente.
La Fiscalía expone que «el déficit de provisiones provenía principalmente de las operaciones realizadas en el sector inmobiliario tras la crisis del sector de 2007-2008», apuntando que «el banco no realizó los ajustes contables necesarios para sanear sus cuentas con la finalidad de aparentar unos resultados positivos — ganancias– que no tenía, mostrando al mercado y a los inversores en general unos estados financieros ficticios alejados de la realidad». «Ante los constantes requerimientos que recibía del Banco de España, por los déficits e irregularidades detectados y no reflejados en los estados contables, el Banco Popular procedía únicamente a la corrección de las deficiencias puestas de manifiesto por el supervisor -que resultaban del análisis de las muestras examinadas en cada actuación-, sin aflorar en sus cuentas los déficits generalizados que ocultaban, cuya existencia confirmaban de manera reiterada las distintas inspecciones y seguimientos del supervisor», relata Anticorrupción.
Así las cosas, el organismo público considera que todas «las operaciones de activo y alteraciones contables que relatamos en este escrito, fueron conocidas, consentidas y autorizadas por el presidente ejecutivo del Banco Ángel Ron», y que, además, lo hizo «con la finalidad de ocultar la verdadera situación económica y financiera de la entidad, y las pérdidas generadas»
