En un escrito de 69 páginas fechado el pasado 4 de febrero al que ha tenido acceso elEconomista.es, Ron alega que no hay indicios de delito y que el banco cumplía con todos los requerimientos de los supervisores. En esta línea, deja claro que las cuentas del Popular en 2015 y 2016 reflejaban la imagen fiel del banco, que, bajo su presidencia, cumplió «de forma irrefutable» los ratios de capital y liquidez, como acreditaron el Banco de España, el BCE y la CNMV, según dice.
Ron recuerda que los peritos del Banco de España señalaron ya durante la instrucción que las cuentas de 2015 respondían a la normativa vigente y que las de 2016 lo hacían también respeto a la nueva, que entró en vigor para ser aplicada no de forma retroactiva. Asimismo, insiste en que en la ampliación de capital de 2016 intervinieron PwC, KPMG, E&Y y Linklaters, que la calificó como ejemplar, por lo que, extrañándose de que se señale a unos consejeros y a otros no, cuando todos, recuerda, intervinieron en la operación.
Ron rechaza, por otro lado, que se pueda atribuir la responsabilidad civil al consejo del banco o al Santander, ya que «no es la inversión la que produce el daño económico, sino la decisión de la resolución». Asimismo, recuerda que el Banco de España, el Banco Central Europeo, el Ministerio de Economía o la Junta Única de Resolución coincidieron en su diagnóstico de que la misma se produjo por una crisis de liquidez durante el segundo trimestre de 2017. Ron insiste en que cumplió escrupulosamente con las indicaciones de los supervisores, y destaca que nunca tuvo entre sus funciones la política contable de la entidad, la ordenación de provisiones ni la capacidad de conceder créditos, como indican las acusaciones.
El pasado 22 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió juicio oral, contra Ron, otros doce directivos, la firma auditora PwC y dos de sus socios por estafa en la ampliación de capital de 2016, e impuso una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros. El magistrado impuso esa responsabilidad civil millonaria a los acusados y a varias aseguradoras, y situó a PwC y al Banco Santander, que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro, como responsables civiles subsidiarios. Para el juez, los inversores acudieron engañados a la ampliación de capital, ya que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio.
Ron pide ahora que testifiquen 36 personas, entre ellos el que fuera su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho; el empresario mexicano Antonio del Valle, que llegó a controlar el 4,2 % de las acciones del banco; el ex consejero delegado del Santander, Andrea Orcel; los expresidentes de la CNMV Sebastián Albella y Elvira Rodríguez; el exministro de Economía, Luis de Guindos, y el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde.
Además de Ron, se sentarán en el banquillo el ex consejero delegado de la entidad Francisco Gómez Martín; el exvicepresidente Roberto Higuera; el que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea; los ex directores financieros del Banco Popular Javier Moreno y Francisco Sancha Bermejo; el exdirector de Riesgos José María Sagardoy Llonis; el exdirector del departamento de Auditoría Jesús Arellano Escobar y los exdirectios Antonio Pujol y José Ramón Alonso.
