Montero compareció, obligada, para dar cuenta de la presunta corrupción en el Ministerio de Hacienda, tras la detención -en diciembre- del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y de que agentes de la UCO entraran en el Ministerio y en varias empresas públicas -SEPI, Mercasa, Correos, Enusa…- para recabar información. La Guardia Civil investiga una trama de contratos supuestamente amañados. Fernández, que abandonó la SEPI en octubre de 2019 por su imputación en el caso de la mina de Aznalcóllar (del que salió exonerado) después acabó contratado en Servinabar, la empresa navarra utilizada para blanquear parte de las mordidas, presuntamente.
La vicepresidenta primera basó su defensa en la ignorancia y el victimismo, un poco de cada. La número dos de Pedro Sánchez afirmó desconocer por completo qué está investigando el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, puesto que la causa está bajo secreto de sumario. Y acusó al PP, con insinuaciones varias, de tener información privilegiada del tribunal.
«¿Tiene información sobre un secreto de sumario?», preguntó directamente a la portavoz popular, Alicia García. «Porque le recuerdo que a un fiscal general del Estado se le ha condenado por filtrar información. Así que o se la ha inventado o se contempla en el secreto de sumario», añadió. Después reiteró: «No estemos en desventaja, porque si ustedes tienen información, yo no la tengo», sostuvo Montero, que preguntó a los populares por qué la habían llamado a comparecer a la Cámara Alta tratándose de un caso del que apenas ha trascendido nada y del que ella nada sabe más que lo que ha leído. La también ministra de Hacienda se respondió a sí misma. Según su opinión, la campaña de «deshumanización» que sufre tiene todo que ver con su condición de candidata del PSOE en Andalucía. «Han ido a por la persona porque soy la vicepresidenta y la candidata del PSOE en Andalucía».
La número dos del Gobierno evadió toda responsabilidad en el caso de Vicente Fernández, aunque fue ella quien en 2018 lo trajo de la Junta de Andalucía, donde éste había sido el interventor general con Montero como consejera de Hacienda. A este respecto, defendió el currículum de Fernández para su nombramiento, porque fue «número uno de su promoción» y reunía sobrado bagaje.
«Yo hago una pregunta, señoría. ¿La responsabilidad de los que hacemos nombramientos hasta qué periodo llega? Porque, ¿yo soy responsable de alguien que está trabajando fuera del entorno público? ¿Acaso este señor es el del partido? No. ¿Acaso tiene alguna vinculación conmigo? No. Y, sin embargo, yo vengo aquí a explicar las actuaciones presuntas de un señor que ya no estaba en una responsabilidad política. Y me dicen: ‘Es que no ha explicado nada’. ¡Qué quieren que les diga! Si estamos hablando de algo de secreto en sumario desarrollado durante una persona en la que esta persona no tenía responsabilidad», argumentó.
Tal fue su ejercicio de escapismo que la senadora de UPN Caballero le replicó: «No venga a hacerse la víctima cuando permitió que fuera la cabeza de la corrupción la que negociara el despacho que ahora ocupa», señaló, en alusión al exsecretario de Organización del PSOE Cerdán, el que negoció la investidura de Pedro Sánchez con Junts y también con el PNV y hasta con Bildu.
Montero, eso sí, aseguró que Plus Ultra está cumpliendo con los plazos de devolución de los 53 millones de euros que le prestó el Gobierno para su rescate, investigado ahora por la Justicia y por la UDEF. Rescate que, según declaró el hijo de José Luis Ábalos el miércoles en Telecinco, sirvió para «enriquecer» a Rodríguez Zapatero, que fue quien lo orquestó. Pero la vicepresidenta primera no respondió a la pregunta de la portavoz del PP: «¿Dimitiría si se demuestra que ese dinero fue al régimen de Maduro?».
Al final de la sesión, esta última anunció la creación de una nueva comisión de investigación sobre la SEPI, y que Montero será citada a declarar. «Ahí tendrá la obligación de decir la verdad. Porque, antes o después usted tendrá que dar explicaciones en la Justicia», zanjó García.
