En un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, el magistrado acogía con esta citación la petición de la Fiscalía Anticorrupción y razonaba que para esta pieza separada del ‘caso Villarejo’ «es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal» –del banco–.
Y dado que consta que la entidad ha aportado las actas del Comité de Assurance Corporative del BBVA –órgano designado responsable de la responsabilidad penal de la persona jurídica– «resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres», presidente de ese comité y también presidente de la entidad, en calidad de testigo.
El juez añadía a esto que la declaración de Torres se acordaba después de que no hubiera sido posible recabar la declaración de María Jesús Arribas de Paz, directora global jurídica de la entidad y la persona que reportaba al comité lo que se iba realizando en la entidad, ya que «se acogió a su derecho a no declarar por voluntad propia».
Por eso, indicaba que era «preciso interesar la citación como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma».
Cabe recordar que el BBVA recurrió la decisión del magistrado de llamar a sede judicial a la propia Arribas de Paz. El BBVA, en concreto, alegaba que su declaración podría vulnerar el deber de secreto profesional y el privilegio abogado cliente, además del derecho de defensa de la propia entidad. Y es que, a juicio de BBVA, esta citación buscaba obligar a Arribas de Paz a declarar «en calidad de testigo sobre hechos de los que ha tenido conocimiento única y exclusivamente por su labor, como profesional de la abogacía y como abogada interna de la entidad».
En esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT –empresa de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 por lo que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
