«España tiene que replantearse las herramientas para condicionar las decisiones que toman inversores que entran en el capital de las empresas no para viabilizarlas a largo plazo, sino para tomar medidas antisociales de despidos con la idea de mejorar los rendimientos de los accionistas a costa de las espaldas de los trabajadores», ha dicho Sordo. El líder sindical ha acudido a la concentración convocada por CC.OO en la madrileña Puerta del Sol, donde trabajadores de MasOrange han protestado en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en marcha, que deja 745 afectados.
Bajo lemas como «El puesto de trabajo no se vende, se defiende», se han pronunciado también en contra de la propuesta, conocida en la víspera, por la cual MasOrange ofrece 30 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 18 mensualidades, y prejubilaciones a partir de los 59 años.
Según informaron los sindicatos, se realizarán despidos «forzosos» si no se alcanzan los cupos de salidas «voluntarias» previstas por la dirección, que en la anterior reunión rebajó en 50 personas los afectados por este procedimiento de despido colectivo. Para Sordo, que ha denunciado la actitud de «la empresa y los inversores», se trata de unas condiciones «absolutamente abusivas» que dan «vergüenza». «MasOrange es una empresa que se mueve en el sector de las telecomunicaciones. Sectores que tienen licencias en actividades que dan pingües beneficios, muchísimo dinero y prescinden de trabajadores», ha reprochado.
En su opinión, esta situación lanza un mensaje al Gobierno y las Administraciones, y es que lo que está sucediendo en la compañía «no es exclusivo de esta empresa, hace poco ocurrió en Vodafone pero también en empresas industriales». Por eso, un país «no se puede permitir estas actitudes de inversores que, muchas veces, no tienen ningún interés en el negocio a largo plazo sino que buscan, simplemente, maximizar el beneficio de los accionistas en sectores estratégicos».
«En un momento en el que los Estados están metiendo ingentes cantidades de dinero público para facilitar procesos de digitalización y transición, no se puede permitir que especuladores hagan y deshagan a sus antojos en empresas», ha sentenciado.
