Además, suman una subida salarial adicional a esa subida inicial en función del diferencial entre la subida inicial pactada y la desviación de la inflación de cada uno de los años. Esta subida adicional a la anterior se fijará a través de las denominadas cláusulas de revisión salarial. Si bien, plantean un nuevo diseño de estas cláusulas, apuntando a que la compensación se determine a través de la información que otorgue un nuevo Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC).
De esta manera, los sindicatos explican que, si la patronal acepta esta propuesta para el diseño de las cláusulas de revisión, “la recuperación del poder de compra de los salarios tendrá una relación con la evolución económica de los sectores con un dato fidedigno”.
También explican que dicha cláusula de recuperación salarial operará preferentemente al cierre de cada uno de los años y, en todo caso, serán los propios convenios colectivos los que pudieran establecer otras secuencias de entrada en vigor de la cláusula (al final del ciclo 2022-24, o una distribución porcentual en ambos tiempos –un porcentaje de la recuperación al final del año y otro al final del ciclo.
Si bien, para que los negociadores de los convenios puedan diseñar estas cláusulas destinadas a compensar las desviaciones de la inflación respecto a los aumentos salariales pactados, los sindicatos reclaman al Gobierno la elaboración de un índice que refleje fielmente la actividad económica de las empresas en cada sector. En concreto, CC OO y UGT solicitan que la Tesorería General de la Seguridad Social genere un listado de las empresas cubiertas por cada convenio colectivo, y que esto se haga a partir del código de convenio facilitado por cada empresa ala Seguridad Social.
A partir de esos listados, la Agencia Tributaria agregaría la información que ya publica sobre ventas (a partir de las declaraciones de IVA repercutido), compras (IVA soportado) y retribuciones salariales (modelo 111 del IRPF) desde 2014. A esto añaden que “la propia configuración de este indicador debiera ser sometida a un proceso de diálogo y negociación, para el que es importante una disposición del Gobierno favorable a facilitar y transparentar los datos necesarios”.
Además, proponen que este nuevo sistema de información que elabore los indicadores de actividad empresarial sectorial (SIENC) se ubique orgánicamente en el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, debido a que el grueso de la información procederá de los registros fiscales que explota este servicio, explican.
Ahora, los sindicatos trasladarán esta propuesta a las patronales CEOE-Cepyme para intentar volver a la negociación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que se interrumpió en mayo del año pasado por la negativa de los empresarios a generalizar las cláusulas de garantía salarial vinculadas exclusivamente al IPC. Así, el nuevo diseño de estas cláusulas que proponen ahora los sindicatos, ligadas a la marcha de las empresas de cada sector, esperan que convenza a las organizaciones patronales a volver a la mesa de negociación.
En cualquier caso, según CC OO y UGT estas negociaciones con CEOE-Cepyme deberían de cerrarse antes del 1 de mayo y si no fuera posible, reclaman al Gobierno que promueva las actuaciones fiscales necesarias “para canalizar los excedentes de los que se está apropiando el empresariado, hasta la mayoría social, de manera que se refuerce el consumo final de las familias y se aleje el riesgo de una desaceleración económica superior a la ya prevista”.
Añaden que aunque la fijación de salarios corresponda a sindicatos y patronales, el Gobierno “no puede permanecer ajeno” a la crisis de los precios y, por ello, apelan a que diseñe un pacto de rentas con medidas sobre retribuciones, excedentes y beneficios empresariales, rentas precios o fiscalidad. Entre estas medidas, CCOO y UGT proponen “establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios”.
