El juez desatascó el mes pasado el rescate de Celsa tras meses de tira y afloja entre sus acreedores y sus fundadores, la familia Rubiralta. Esto suponía convertir parte de sus 2.300 millones de pasivo en capital, en virtud de la nueva ley concursal, que permite imponer un acuerdo de reestructuración pactado por los acreedores a los accionistas y a la compañía. La toma de la compañía solo restaba obtener la autorización del Gobierno en el marco del decreto antiopas, un escollo que se salva definitivamente. Los acreedores encabezados por Deutsche Bank, y entre los que se encuentran Strategic Value Partners y Sculptor Capital Management, han presentado este jueves al Gobierno la solicitud para que el Gobierno dé luz verde a la transacción, según han informado en un comunicado. El Gobierno cuenta con tres meses para autorizar la operación, un plazo que puede reiniciar cada vez que solicite más información.
El grupo de fondos , del que también forman parte Anchorage Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, y GoldenTree Asset Management, ha mantenido conversaciones con los gobiernos español y catalán, así como con los sindicatos de trabajadores, para garantizarles que no deslocalizarán la empresa, ni recortarán puestos de trabajo ni reducirán su capacidad, según ha adelantado Bloomberg. Entre las condiciones que se han impuesto, hay restricciones al cierre de centros y a despidos colectivos en los próximos años.
Los futuros dueños también se han comprometido a iniciar, en los seis meses siguientes a la toma de control, un proceso de venta de una participación de hasta el 20% a una empresa industrial con presencia en España. La materialización de esta venta dependerá de que se plantee una oferta que valore la empresa a un precio justo de mercado. Compañías como Sidenor y CL Grupo Industrial han mostrado interés en la participación, aunque no se ha presentado ninguna oferta oficial, según adelantó La Vanguardia.
La incorporación de un socio español fue una condición que el Gobierno puso sobre la mesa desde el principio. Era un punto clave en las conversaciones desde hace meses, antes de que el juez se pronunciase. Por tanto, los acreedores, de la mano de su asesor financiero Houlihan Lokey, han rondado al sector industrial español en búsqueda de un socio industrial de prestigio. Otra de las principales preocupaciones del Gobierno era que Celsa, que tiene su sede en Barcelona, mantuviera su “españolidad”. Los acreedores se han comprometido a mantener la toma de decisiones en España y a nombrar un presidente español, que será Rafael Villaseca.
Los fondos acreedores de Celsa han acordado con el Gobierno las condiciones para que el grupo de inversores liderado por Deutsche Bank haga efectiva la toma de control de la siderúrgica catalana, según ha publicado Bloomberg. Tras el visto bueno del juez al traspaso de la propiedad desde la familia Rubiralta a los fondos, solo quedaba el visto bueno del Consejo de Ministros, en el marco del decreto antiopas, para que la conversión de parte de sus 2.300 millones en deuda en acciones fuera efectiva. Entre las condiciones que se han pactado, además del mantenimiento de puestos de trabajo, está el compromiso de los fondos a vender un 20% del capital a un grupo industrial español.
