La histórica cementera catalana se convierte así en la primera gran empresa cotizada que decide regresar a la comunidad después de marcharse a la capital tras el referéndum del 1 de octubre de 2017.
«En ejercicio de sus competencias con arreglo al artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el consejo de administración de la Sociedad, en sesión celebrada en el día de la fecha, ha acordado por unanimidad de sus integrantes el traslado del domicilio social a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Carretera N-340, números 2 al 38, km. 1.242», detalla el grupo en un escueto comunicado remitido este martes a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores.
Si bien el grupo cementero ya había valorado en anteriores ocasiones su regreso, no ha sido hasta este martes 3 de diciembre, más de siete años después de trasladar su domicilio social al Paseo de la Castellana en Madrid, cuando el consejo ha formalizado el retorno de su sede. Según deslizan fuentes de la empresa a Europa Press, la decisión se ha tomado este mediodía «pensando en el mejor interés de la compañía». La firma, entonces dirigida por Julio Rodríguez, formó parte de los centenares de empresas que sacaron su sede social de la comunidad autónoma en pleno clima de inseguridad jurídica ocasionado por la fallida declaración de independencia. En su caso, el grupo fundamentó su decisión en «la situación política y social que se vive en Cataluña y a la inseguridad jurídica que ello provoca».
El grupo que opera desde marzo a las riendas de Marcos Cela -como consejero delegado- sigue así la estela de otras empresas como Laboratorios Ordesa, Aguas de Barcelona -gestora hídrica de la Ciudad Condal- o la tecnológica Red Points, que han optado por retornar su sede a Cataluña después de abandonar la comunidad. Su vuelta está alineada con las pretensiones de la Generalitat para que el tejido empresarial restaure su control social en la comunidad.
Cabe recordar que la cementera catalana ya puso sobre la mesa de la junta esta opción en 2019. Sin embargo, en aquella ocasión, los accionistas rechazaron esta posibilidad y decidieron que siguiera en Madrid, con una amplia mayoría del 76%. Cinco años después, la cúpula de la sociedad decide emprender su regreso en plena fase de crecimiento financiero tras elevar sus ingresos un 6% en el último ejercicio, hasta 1.349 millones de euros, y disparar beneficios un 35%, hasta 151 millones, pulverizando así sus registros históricos.