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Crónica Económica
  Politica y partidos  CEOE carga contra los pactos por su impacto en la inversión y el empleo
Politica y partidos

CEOE carga contra los pactos por su impacto en la inversión y el empleo

La reunión urgente del comité ejecutivo extraordinario concluye con un comunicado conjunto en el que condenan que los acuerdos afectan a la igualdad entre españoles, la separación de poderes y la seguridad jurídica del país.

RedaccionRedaccion—13 de noviembre de 20230
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Los empresarios condenan los acuerdos alcanzados en la última semana por el PSOE con distintas formaciones independentistas por crear «un clima de negocios cada vez más complicado», que dificultará el crecimiento económico del país y la creación de empleo. Esta es la opinión que han reflejado en el comunicado lanzado por la CEOE al término de la reunión urgente del comité ejecutivo de la patronal en el que también aseguran que los pactos se traducirán en una «previsible distorsión de la unidad de mercado» y en consecuencia, en un deterioro de la imagen internacional, lo que puede comprometer tanto la atracción de inversores como el desarrollo de las compañías en el exterior.

El texto, de dos páginas y media de extensión, está firmado por CEOE, CEPYME y ATA y aborda los efectos que entienden que tendrán o podrían tener la ley de amnistía y los compromisos pactados con Junts, ERC y PNV, aunque evitan hacer referencia expresa a cualquiera de ellos. Pese a las diferencias entre los empresarios catalanes y los vascos con aquellos con sede en Madrid que han retrasado este pronunciamiento a diferencia de la reacción instantánea al pacto con Sumar, en el comunicado se denuncia que los acuerdos «afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles» y alertan del «grave menoscabo» a la separación de poderes y a la seguridad jurídica que pueden suponer, en la línea defendida por los jueces.

En total, la patronal enumera cinco críticas a los textos que operan como base para el próximo gobierno de coalición y abandonan la pauta de la equidistancia política que imperó durante la mayor parte de la legislatura anterior, llevando a varios consensos en el seno del diálogo social. No obstante, los empresarios reiteran que «seguirán trabajando desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado» para cumplir con su papel constitucional; por lo que instan a las diferentes fuerzas políticas a poner los principios de la paz social y la convivencia entre españoles por encima de «cualquier otro interés político o económico».

Como ya hicieran el viernes los sindicatos, la CEOE hace una referencia velada al pacto alcanzado con los nacionalistas vascos por el que se acuerda la prelación de los convenios de esa comunidad autónomas sobre los sectoriales para criticar la «falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva». Pero además hablan de un «menosprecio del diálogo social» generalizado en los acuerdos sellados en materia laboral, algo que ya cuestionaron tras conocer el texto cerrado por los socialistas con Sumar. Los socios abogan por establecer por ley una jornada laboral de 37,5 horas antes de 2025, lo que aprecian que valoran que daña el marco de relaciones laborales.

Los empresarios también defienden el derecho de las compañías para decidir en qué lugar desarrollar su actividad, a raíz del acuerdo con Junts en el que se habla de un plan para «facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de empresas que cambiaron su ubicación a otras comunidades en los últimos años». Un grupo en el que estarían incluidas compañías como Naturgy, CaixaBank y Sabadell. A este respecto, apuntan que la mejor forma de atraer la presencia de compañías es garantizar un clima favorable para su actividad, con estabilidad institucional y seguridad jurídica, el sentido contrario al que entienden que avanza el Gobierno.
Asimismo, critican que se planteen «políticas económicas que carguen el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas» mientras se deja de lado la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que reclama la UE y que aprecian que «no admite demora» si se quiere garantizar la estabilidad del Estado. PSOE y Sumar pactaron fijar un tipo del 15% en el impuesto sobre Sociedades que gravará el resultado contable de las grandes empresas, con el que esperan recaudar 10.000 millones de euros al tiempo que abogaron por estudiar el funcionamiento de los tributos a la banca y las energéticas para mantenerlos más allá de 2024

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