Consideran que resulta «sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del diálogo social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente».
«Es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales», señalan en un comunicado.
En su opinión, existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva. «La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador».
Las organizaciones empresariales remarcan que hacerlo fuera del marco del diálogo social «supone un aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo que ya venían sufriendo y cuando muchas de ellas siguen yendo por detrás en la recuperación».
Además, dicen que la confianza es respetar los pactos sociales alcanzados en el diálogo social, desde la reforma laboral hasta el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva firmado el pasado 10 de mayo por un periodo de tres años. «Lo contrario es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales», expresan.
