Cepyme argumenta la necesidad de aceptar la personación de las organizaciones empresariales en el análisis de la operación, en el hecho de que se encuentran «legitimadas por su función como defensoras y representantes de los intereses de las empresas». «El delicado carácter de la concentración propuesta y sus posibles implicaciones en aspectos críticos para el desarrollo del tejido productivo, tales como la oferta de crédito, obliga a que se tengan debidamente en cuenta las alegaciones de todas las partes interesadas», remarcan con el objetivo de apoyar públicamente el recurso que han presentado ante la Audiencia Nacional la patronal catalana y gallega.
La organización liderada por Cuerva reclama que se tengan en cuenta todas las partes interesadas en el estudio, principalmente, pequeñas y medianas empresas, que es uno de los elementos que se están examinando con lupa. El regulador tomó la decisión de pasar el análisis a ‘fase II’ el pasado mes de noviembre tras advertir de posibles riesgos como un empeoramiento de las condiciones comerciales a pymes, así como un deterioro de las condiciones de los datáfonos.
Esto abría la posibilidad de que partes interesadas en la operación presentaran alegaciones, lo que dio lugar a un aluvión de intentos de personación por parte de asociaciones empresariales, sindicatos o cámaras de comercio, hasta un total de 79. Sin enbargo, la CNMC las descartó todas, salvo la de Sabadell, así como los dos informes de las autoridades de competencia de las comunidades autónomas más afectadas por la potencial operación: Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque su carácter no es vinculante.
Posteriormente, la CNMC envío a las partes que consideró afectadas un pliego de concreción de hechos (PCH) que recogían los principales problemas de competencia que plantea la oferta pública de adquisición. El documento fue remitido a BBVA y Banco Sabadell el pasado 31 de enero para abrir después un plazo máximo de quince días para que el grupo catalán pudiese presentar alegaciones.
En esta segunda fase la CNMC realiza un nuevo testeo de mercado de los compromisos que BBVA ha propuesto para reducir o anular los riesgos identificados, teniendo en cuenta la opinión de organizaciones afectadas por la operación, como otros bancos u organizaciones empresariales. El paso a la denominada fase II ha supuesto ampliar el calendario que manejaba BBVA en un primer momento. Este tiene una duración de tres meses en el que no se tienen en cuenta las posibles suspensiones que Competencia pueda aplicar para solicitar más información.
Todo apunta a que el informe estará listo en las próximas semanas y que deberá pasar el visto bueno del Gobierno, algo que ocurre cuando Competencia aprueba la opa con condiciones o compromisos. De darse este escenario, la operación debería ser elevada al Ministerio de Economía que podría llevarla, a su vez, al Consejo de Ministros para pronunciarse sobre distintos criterios como la defensa y seguridad nacional o la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial.
