El ultimátum lanzado por el Ministerio de Trabajo en la negociación de la jornada laboral ha sido la gota que ha colmado el vaso de los pequeños y medianos empresarios representados en Cepyme, después de meses de descontento en los que se ha alterado la prevalencia de los convenios colectivos y se ha modificado el reglamento del Consejo Económico y Social (CES) para quitarles peso. Así lo han hecho saber este miércoles con la presentación de un manifiesto «por la libertad de empresa» en la que exigen espacio para que las compañías tomen decisiones, que acabe la estigmatización del empresario y la «persecución de los beneficios».
El presidente de la asociación empresarial y vicepresidente de CEOE, Cuerva, ha canalizado las críticas expresadas en la Asamblea General en un discurso en el que ha acusado a la titular de Trabajo -sin hacer una mención expresa a Yolanda Díaz- de «dinamitar» el diálogo social «eludiéndolo», «colonizándolo con interlocutores dóciles» porque «el gobierno necesita interlocutores sumisos para ejecutar su ataque a la empresa». Un comentario que hace referencia a la eventual entrada de Pimec y Pimeb en la institución del diálogo social y a la incorporación de Conpymes -patronal en la que se integran- al Consejo Estatal de la Pyme y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.
El documento que consta de once páginas, denuncia la «sobreregulación» que entienden que se ha producido en los últimos años, a nivel europeo, nacional y autonómico y que ha llevado a un control exhaustivo de la actividad de las empresas. «Exigimos al Gobierno que renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario» reclaman al entender que el Ejecutivo tiene la ambición de controlar sus esferas con una «avalancha normativa» que las pequeñas empresas no son capaces de digerir y se ven obligadas a contratar asesorías especializadas para poder cumplir con los nuevos registros, planes y protocolos.
La patronal centra su crítica en el «atropello» al diálogo social que han denunciado desde comienzos de año con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o el traslado de los acuerdos firmados en el ámbito parlamentario con el PNV y Junts.»Reformar sin consenso la estructura de la negociación colectiva y modificar la prevalencia de los convenios, dando a los autonómicos y provinciales, no solo es un menosprecio, sino que ignora las dificultades de las empresas para operar en un mercado cada vez más fragmentado» lo que entienden que fomenta la desigualdad entre españoles, menoscaba la productividad y el crecimiento de las empresas.
En este sentido, enfatizan su postura respecto a la negociación que ha colmado los titulares en las últimas semanas. «La ordenación del tiempo de trabajo, la organización de la producción, su funcionamiento y la toma de decisiones son ámbitos privados de la empresa, cuya resolución solo corresponde a la propia empresa y a los trabajadores afectados». El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han reprochado a los empresarios que no hayan llevado propuestas concretas a la mesa a lo que estos han contestado que no tiene sentido hacer aportaciones en una conversación cuyo resultado ya ha venido determinado. El Gobierno ha anunciado que les hará una nueva propuesta la próxima semana antes de cerrar el texto.
Los empresarios dicen «echar en falta una mayor responsabilidad» por parte del Ejecutivo a la hora de tomar decisiones que afectan de forma directa al sector privado. Y demandan autonomía para aplicar las subidas salariales al ritmo que se acuerde en los convenios sin que vengan dadas por reducciones de la jornada laboral de los trabajadores o por alzas del SMI en un contexto en el que la productividad sigue lastrada y aumentan las cotizaciones sociales. Puesto que el escenario actual «tensa la relación entre el trabajador y la empresa al aumentar la conflictividad en la propia plantilla por la homogeneización de salarios» explican.
