«Somos casi el primer país europeo con mayor nivel de pobreza y mayor nivel de pobreza infantil. Y no lo aceptamos. Y como cualquier enfermedad, esto solo empieza a tener cura cuando se reconoce. Lo dice el primer artículo de la Constitución: España es un Estado social y democrático de derecho. El orden no es casual. O el Estado es social, o va a tener problemas», aseguró en la presentación del informe el presidente del CES, Costas.
Según la OCDE, la baja inversión en infancia del conjunto de países que conforman el club nos lleva a perder un crecimiento de alrededor de 1,5 puntos de PIB cada año, que ascienden a 2,5 puntos de PIB en el caso español. Es decir, que en base a dicha proyección este ejercicio la economía española crecería alrededor de un 4%, en lugar del 1,5% que está previsto, si en el pasado se hubieran tomado medidas oportunas para reducir los niveles de pobreza en la etapa de la niñez. Costas añadió que el retorno de invertir en niños es mayor que el de invertir en infraestructuras.
El mismo informe del club de países (El coste de una infancia con desventajas socioeconómicas o The economic costs of childhood socio-economic disadvantage, en el original) cifra la pérdida de ingresos en España por la infancia desfavorecida de esos niños en un 8% en 2019. No es solo una cuestión de garantizar una vida digna al conjunto de la población por justicia social, también es una pérdida económica que no se está teniendo en cuenta a la hora de tener políticas públicas, opina el organismo.
El informe del CES, mientras tanto, constata que la población en riesgo de pobreza y exclusión ha disminuido a lo largo de los últimos años, pero que aún así continúa en niveles superiores a los de la media de la UE. Esta población, además, ha sufrido el impacto de la pandemia junto al de la inflación, más perjudicial para aquellos con menos recursos, y las fuertes subidas de tipos de interés prácticamente al mismo tiempo. «Ello evidencia la necesidad de fortalecer una vez más las redes de protección, enfocando los esfuerzos en apoyar a las personas más vulnerables», asegura la organización en la que se ven representados patronal y sindicatos.
Algunos datos con los que refuerza su argumento son los siguientes: casi la mitad de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 14%, que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. La pobreza extrema habría aumentado a lo largo del último año, alcanzando ahora los 577.000 hogares, el 8% del total, aunque sobre todo a los encabezados por madres solteras. Las personas que carecen de un hogar serían casi 29.000, y más de dos de cada cinco llevan sin hogar más de tres años. Estos son sobre todo hombres de mediana edad, en desempleo y sin ningún tipo de ingresos, pero el sinhogarismo afecta más a población joven e inmigrante.
Para combatir la pobreza, la herramienta fundamental que el Gobierno ha desarrollado es el ingreso mínimo vital (IMV), una prestación con ánimo de prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Se aprobó en mayo de 2020 y pueden recibirla las personas más vulnerables, algo que se acredita en base a patrimonio neto y nivel de ingresos. Pero hasta la fecha ha llegado a 1,8 millones de personas, muy lejos de las 2,3 millones que el Ejecutivo tenía previsto alcanzar cuando la puso en marcha.
En ese sentido el CES reconoce que el IMV se ha hecho con lugar destacado entre prestaciones que garantizan un nivel mínimo de ingresos en situaciones de vulnerabilidad, pero critica que debería haberse puesto en marcha más rápidamente, y lamenta lo complicado que resulta entender cómo puede el receptor beneficiarse de incentivos como el del empleo, algo que en la presentación aseguraron que no llegaban a comprender ni siquiera los propios economistas que han analizado la normativa. «A pesar del importante esfuerzo presupuestario, la implantación del IMV no ha discurrido con la agilidad que demandaría la situación del riesgo de pobreza en España, agudizada con la elevada pérdida de poder adquisitivo de las familias en 2022», resalta la Memoria 2022. Sobre el incentivo al empleo, apunta que su relevancia «obliga a mayores esfuerzos en el terreno de la transparencia y de la simplificación de la normativa, cuya complejidad no debería resultar desincentivadora».
