Los economistas no pueden ser más claros ni más contundentes en su diagnóstico sobre el estado de la tributación de la riqueza en España. No solo es que, a su juicio, el impuesto sobre el Patrimonio esté provocando una distorsión en relación a otros países de nuestro entorno, es que está generando un choque entre instituciones que empieza a ser «insostenible». «Creemos honradamente que es una situación insostenible que está tensionando innecesariamente el sistema jurídico e introduciendo demasiada conflictividad institucional», ha asegurado el presidente del Consejo General de Economistas, Pich, este lunes en una sesión informativa donde han puesto negro sobre blanco los impuestos de patrimonio, grandes fortunas, donaciones y sucesiones.
Pich ha acusado a las administraciones públicas de jugar al «gato y al ratón» y no ve razonable una situación en la que hay planteados varios recursos sobre Patrimonio y sobre el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas. De hecho, como asesores, los expertos participantes en el acto han recomendado abonar los dos tributos para después, si se estima oportuno, solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos.
Por todo lo anterior, el presidente del CGE ha puesto de manifiesto cómo, dado que España tiene una economía totalmente globalizada, el Impuesto sobre el Patrimonio «es anecdótico en el conjunto de los sistemas tributarios y presenta problemas técnicos y de equidad en nuestro territorio», por ello, ha apostado por suprimirlo. En el caso de Sucesiones y, pese a que esté sometido también a debate, considera que aplicándole ciertos cambios puede jugar un papel redistributivo y para fortalecer la igualdad de oportunidades.
En caso de no eliminar Patrimonio, los economistas apuestan por incorporar cambios para «reducir el efecto de la sobreimposión» en propiedades inmobiliarias por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. También recomiendan homogeneizar en todos los territorios la base imponible y el mínimo exento y que el marginal máximo de la tarifa no supere el 1%. Al mismo tiempo y para evitar diferencias tan grandes como las que hoy se producen, se decantan por limitar las capacidades de las autonomías a la tarifa y a las deducciones y bonificaciones para determinadas circunstancias, «pero dentro de unos límites que impidieran las diferencias radicales que hoy se producen».
Que el impuesto temporal a los ricos no se haga permanente
Por su parte, el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, ha apuntado que el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aprobado por el Gobierno (hoy en funciones) para contrarrestar la bonificación a esta tributo aprobada por las autonomías del PP, «no debería hacerse permanente». Entiende, de hecho, que se trata de un parche a Patrimonio y que se ha aprobado siguiendo una «trayectoria parlamentaria singular».
De este modo, los economistas consideran que habría que evitar que los tributos penalicen que determinados contribuyentes puedan venir a residir aquí o evitar, al menos, que otros se deslocalicen. «No se trata de competir fiscalmente a la baja, que no ha sido una política tributaria utilizada en nuestro país», señalan.
De acuerdo con los cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), un contribuyente con un patrimonio de 15 millones de euros, no pagaría nada por Patrimonio en Andalucía, Extremadura y Madrid este año y, sin embargo, en la Comunidad Valenciana tendría que abonar 401.234 euros. Asimismo, un heredero que a lo largo de este ejercicio hubiera recibido 800.000 euros por la muerte de su padre, no pagaría nada si su progenitor residía en Andalucía, Cantabria, Baleares y Galicia, y debería abonar 103.135 euros si hubiera tenido el domicilio en el Principado de Asturias.
