Los economistas consideran que la compra por parte de Saudí Telecom Company (STC) de un 4,9% de las acciones de la operadora (con la posibilidad de adquirir un 5% adicional mediante instrumentos financieros) ha puesto de manifiesto las «flaquezas» de la actual legislación.
El motivo es que la Administración Central se ha visto obligada a atenerse a una cláusula de alcance discrecional, lo que, a su juicio «puede provocar la desincentivación de las inversiones extranjeras». El CGE ha organizado este martes un coloquio sobre si es adecuado el actual control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas de nuestro país, en el que han reflexionado sobre operaciones como la de Telefónica, pero también en el traspaso de la propiedad de Celsa a los fondos de inversión acreedores, o la OPA del fondo australiano IFM sobre Naturgy, entre otros.
En relación al caso concreto de la teleco y en lo que respecta al coste económico de una entrada en su capital del sector público, Valentín Pich ha recordado que la SEPI, aun utilizando todos los recursos que tiene autorizados en los Presupuestos Generales, necesitaría una transferencia del Estado para poder llevar a cabo la operación. Esto, ha advertido, empeoraría «aún más» las cuentas públicas.
Desde su punto de vista, otra opción -aunque más complicada- sería convencer a inversores españoles de entrar o aumentar su posición en la compañía. El responsable del Consejo General de Economistas ha recordado que «la política industrial de refuerzo al tejido productivo tiene que reducir el endeudamiento de las empresas». También ha añadido que hay que generar «estabilidad económica» y mejorar la competitividad del país para reforzar la capitalización de las empresas.
«Sería recomendable, por tanto, una legislación certera que no permita la arbitrariedad en las decisiones y que, a su vez, prime la protección de nuestros sectores estratégicos, especialmente de aquellos relacionados con la defensa nacional, factor de creciente importancia en los tiempos actuales», ha recalcado Pich, dejando claro que cualquier cambio «radical» no facilita las «inversiones serias» en el país por parte de inversores foráneos, que son las que juegan a largo plazo. «La regulación actual es parcial, de parche y de remedio a última hora que plantea problemones y situaciones sorpendentes», ha criticado el director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia, de la Cruz, quien ha recordado que en operaciones de este tipo hay que analizar también los conflictos de intereses y considerar las credenciales de Arabia Saudí.
El experto ha recordado además la necesidad de aprobar una nueva ley de Industria, dado que la vigente data del año 1992. Por su parte, el vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball, Alberich, ha apostado por una «sofisticación» de este tipo de políticas, siempre en coherencia con lo que se está haciendo a nivel europeo.
