Uno de los principales factores que explican esta situación es la limitada eficacia de los servicios públicos de empleo como intermediarios entre la oferta y la demanda laboral, debido a un conocimiento insuficiente del tejido productivo y a la falta de un perfilado adecuado de los demandantes. Asimismo, señalan que el actual marco normativo de distribución de competencias dificulta una gestión eficaz, al establecer una separación entre la administración de las prestaciones económicas (a cargo del SEPE) y las políticas activas de empleo (competencia de las comunidades autónomas).
Esta fragmentación provoca una descoordinación institucional: quien financia las prestaciones no controla su ejecución y quien gestiona las políticas activas carece de competencias sobre las ayudas económicas. A ello se añade la falta de acceso de las comunidades autónomas a información clave —especialmente la gestionada por la Seguridad Social—, lo que limita su capacidad para diseñar estrategias más eficaces en materia de incentivos al empleo.
Por otro lado, los expertos advierten que la rigidez y obsolescencia de los actuales programas de formación para el empleo representan un serio obstáculo para adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral. También subrayan que los certificados de profesionalidad presentan estructuras excesivamente estandarizadas y contenidos poco ágiles, lo que dificulta una respuesta adecuada ante los rápidos cambios tecnológicos y sectoriales.
Además, expresaron preocupación por la limitada efectividad de los incentivos a la contratación, que en muchos casos no logran generar empleo adicional, especialmente cuando no están suficientemente focalizados. La normativa actual, al establecer un diseño excesivamente detallado de estos programas de incentivos, restringe la capacidad de las comunidades autónomas para adaptarlos a las particularidades de su entorno económico y social. Esta rigidez, combinada con la falta de una evaluación sistemática y continua, reduce el impacto real de estas políticas. En este contexto, los expertos abogan por un rediseño integral de estos instrumentos, basado en criterios más selectivos, adaptables y sometidos a mecanismos de revisión permanente que aseguren su efectividad y eficiencia.
PROPUESTAS PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS ACTIVAS
• Fortalecer el vínculo con el tejido productivo, a fin de conocer con precisión las necesidades de las empresas y realizar un perfilado más eficaz de los demandantes de empleo, alineando aptitudes y actitudes con las vacantes reales.
• Reorientar la formación para el empleo, superando la rigidez de los certificados de profesionalidad mediante contenidos más flexibles, actualizados y adaptados a los sectores con mayor potencial de crecimiento.
• Diseñar programas de incentivos a la creación de empleo que permitan su adaptación a las particularidades de cada comunidad autónoma.
• Dotar a las CCAA de acceso completo a los registros administrativos necesarios para el diseño y gestión de las políticas activas de empleo.
• Reforzar la corresponsabilidad de los desempleados, exigiendo una búsqueda de empleo activa y continuada, con condiciones más estrictas para el rechazo de ofertas adecuadas.
• Implementar un sistema permanente de evaluación y mejora, que permita medir el impacto real de las políticas aplicadas, identificar desviaciones y dirigir más recursos a las iniciativas con mayor eficacia comprobada.
• Impulsar una reorganización interna de los servicios públicos de empleo, orientada a mejorar su capacidad operativa, la coordinación entre niveles de gobierno y la gestión efectiva del personal implicado en el diseño y ejecución de estas políticas.
• Modernizar la infraestructura tecnológica del sistema de empleo, incorporando herramientas digitales que faciliten la automatización de procesos, el cruce eficiente de datos y una atención más ágil y personalizada a empresas y trabajadores.
• Fomentar una gobernanza más integrada entre el SEPE y las comunidades autónomas, con mecanismos claros de cooperación y reparto de responsabilidades, que permitan una implementación más coherente y eficaz del conjunto de las políticas activas y pasivas.
• Impulsar los esquemas de colaboración público-privada.
• Establecer mecanismos flexibles de jubilación o de jubilación activa, que permitan la plena compatibilidad entre el empleo remunerado y el cobro de la pensión.
En la apertura del acto, Valentín Pich destacó que “si queremos que las políticas activas de empleo tengan un impacto real sobre la empleabilidad, es imprescindible que estén sometidas a procesos continuos de evaluación que permitan identificar qué funciona y qué debe corregirse. No se trata solo de destinar más recursos, sino de gastarlos de manera inteligente. Además, las políticas formativas deben estar estrechamente alineadas con las necesidades del tejido empresarial, de modo que doten a las personas de las competencias que demanda realmente el mercado laboral para facilitar así su inserción”. Por otra parte, Pich ha insistido en que el incremento desmedido de los costes labores constituye una barrera para la creación de empleo, por lo que ha alertado sobre las últimas medidas tomadas por el Gobierno a este respecto. Así mismo, ha advertido sobre la necesidad de un mecanismo de corresponsabilidad para evitar que las políticas pasivas de empleo no desincentiven la búsqueda de trabajo.
Por su parte, Ángel de la Fuente indicó que “las políticas activas de empleo son un instrumento potencialmente fundamental en un país que sigue teniendo una de las tasas de paro más elevadas de la OCDE y un problema crónico de desempleo de larga duración, pero no acaban de funcionar correctamente. Los recientes retoques de la ley de empleo incluyen una larga lista de buenos deseos y propósitos, pero en la práctica no han mejorado significativamente el funcionamiento de los servicios públicos de empleo (SPE) como mecanismo de intermediación en el mercado laboral o su capacidad para mejorar la empleabilidad del grueso de los parados. Más importante que la norma es que exista un compromiso real de dotar a los SPE de los medios necesarios, así como el acierto en el diseño y la gestión de sus servicios y sus herramientas de trabajo, que deberían modernizarse para explotar más eficientemente la abundante información disponible”.
Miguel Ángel García y Salvador Guillermo han presentado cada uno una breve ponencia. Miguel Ángel García abrió la ronda de intervenciones señalando que “se necesita un cambio radical en el diseño e implementación de las políticas activas de empleo para ser útiles a la sociedad. Este cambio estructural se debe apoyar en el diseño, que afecta a su implementación, organización y gestión de los recursos públicos (en especial el personal). El cambio debe incluir el conocimiento profundo del tejido productivo y una estrecha relación con las empresas, garantizando un adecuado perfilado que permita enviar a las personas adecuadas en aptitud y actitud para los empleos vacantes”.
En la misma línea, Salvador Guillermo comentó que “España muestra avances en la creación de empleo, pero aun en periodos prolongados de expansión económica mantiene tasas de paro elevadas en comparación con otros países. Y eso que la tasa de actividad y empleo es relativamente más baja. Por eso, debemos invertir y dotar de más recursos a las políticas activas de empleo y hacerlas más efectivas. Los datos también confirman que estudiar sigue siendo positivo, ya que reduce de forma sustancial las tasas de desempleo
PRINCIPALES CONCLUSIONES
Pich y de la Fuente subrayaron la urgencia de rediseñar las políticas activas de empleo para que resulten más eficaces, adaptadas al mercado laboral y útiles para los ciudadanos. Entre las propuestas destacadas figura la necesidad de reforzar el vínculo con el tejido productivo para mejorar la adecuación entre oferta y demanda de empleo, así como flexibilizar y actualizar los contenidos de la formación para el empleo, superando las limitaciones de los actuales certificados de profesionalidad. Se insistió también en la conveniencia de rediseñar los incentivos a la contratación con criterios estratégicos y adaptables a las características de cada comunidad autónoma, garantizando su acceso a la información necesaria. Otras prioridades incluyen reforzar la corresponsabilidad de los demandantes, establecer un sistema permanente de evaluación, modernizar tecnológicamente los servicios públicos de empleo y mejorar su gestión operativa. Todo ello requiere una mayor inversión pública, una gobernanza más integrada y mecanismos de colaboración interadministrativa eficaces y estables.
