Los vocales se enfrentaban a dos textos totalmente opuestos: de un lado, el redactado por la vocal progresista Cabrejas que avalaba la medida de perdón a los miembros del procés; y de otro lado, el confeccionado por el vocal conservador Olea, que defendía que la norma no encaja en la Constitución. Finalmente, la mayoría conservadora del pleno ha inclinado la balanza hacia este último informe.
El texto de Olea que ha salido adelante señala que la proposición de ley socava el derecho a la igualdad de todos los españoles ante la Justicia, toda vez que considera que perdonando a unos y no a otros se sufre un trato discriminatorio. Además, no ve admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en supuestos expresamente autorizados por la Carta Magna, como en los indultos particulares, por ejemplo.
Señala igualmente que la tramitación parlamentaria elegida es «arbitraria» porque no se motiva la urgencia de que esta ley sea aprobada sin que primeramente haya pasado por los órganos consultivos de las Cámaras.
Cabrejas, por su parte, sostenía que el hecho de que la Constitución no dijera nada sobre amnistías no era equivalente a una prohibición: «El silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico».