El máximo exponente de los jueces y magistrados aprobó, entonces, una declaración institucional en la que declaraba que el borrado penal del procés, pactado por Sánchez con los partidos separatistas catalanes para lograr su investidura como presidente del Gobierno, suponía una «degradación, cuando no abolición del Estado de Derecho».
Nueve vocales, frente a cinco, respaldaron con su voto la posición mayoritaria en contra de la norma. Una aritmética que, volverá a repetirse en el informe que el Consejo remitirá al Senado, a petición de la Cámara Alta, donde ya se encuentra el texto tras recibir el aval del Congreso.
El Pleno del Consejo partirá, este próximo jueves, de dos informes contradictorios acerca del encaje legal de la polémica ley en nuestro ordenamiento. Uno de ellos confeccionado por el vocal profesional Wenceslao Olea y otro cosecha de la ponente izquierdista Mar Cabrejas quien –pese a considerar «el silencio constitucional» sobre la amnistía no supone «una prohibición expresa» de la misma– alerta en su propuesta de hasta cuatro escollos que complican la viabilidad de la norma y, de resultar aprobada, su posterior aplicación.
Parece haber pocas dudas de que el CGPJ se sumará a la larga lista de organismos e instituciones que, hasta la fecha, han rechazado la Proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista, precisamente, con la intención de evitar los informes técnicos desfavorables a la amnistía que se han ido sucediendo en los últimos días y que habrían sido preceptivos si el Gobierno hubiese liderado la iniciativa, como Proyecto de Ley.
Así las cosas, a los dos varapalos más recientes sufridos por la norma, el de la Comisión de Venecia –órgano consultivo del Consejo de Europa– y el dictamen de los letrados del Senado, que ha provocado un conflicto institucional con el Congreso, podría sumarse un tercer varapalo tras la reunión de los consejeros de los jueces, que se celebrará en las próximas veinticuatro horas.
