Tal y como explican, el organismo ha solicitado a las compañías que gestionan estos centros -primer punto de control de funcionamiento de las plantas eléctricas- la identidad de las personas que trabajaron el pasado lunes en los mismos, así como de los empleados de estas compañías y ha lanzado varios requerimientos para conocer si estos centros de control están securizados y con qué tipo de protocolos de seguridad cuentan.
La investigación ha entrado ya también en los detalles técnicos más específicos y ayer mismo se solicitó a las compañías los detalles de las IP -direcciones web- asociadas a la generación y al acceso.
Con todos estos detalles, el CNI quiere determinar completamente si el apagón eléctrico tuvo algo que ver con un ciberataque externo a Red Eléctrica.
El operador del sistema ya aseguró el pasado martes que descartaba haber sufrido ningún tipo de problema de este tipo en su red, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visiblemente molesto pidió prudencia.
En todo caso, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, abrió este pasado martes diligencias para investigar si el apagón se debió a un ciberataque a infraestructuras críticas españolas, lo que encajaría en un delito de terrorismo. El magistrado, por tanto, pide al Centro Criptológico Nacional la emisión de un informe sobre los hechos que en el día de ayer motivaron el cese de suministro eléctrico en la Península. Concretamente, sobre la causa que propició que, durante cinco segundos, se perdieran 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento.
También requiere a Red Eléctrica Corporación la emisión de un informe sobre las causas del apagón.
