El martes el banco vasco añadió compromisos, pero el miércoles varios miembros de la Sala los juzgaron insuficientes y fijaron unas condiciones mínimas para dar el visto bueno, algo que ocurriría horas después cuando BBVA las acepta.
Entre los nuevos compromisos figuran garantías de mantener sucursales en códigos postales con poca población, con residentes de bajas rentas o vulnerables, con falta de red bancaria e, incluso, BBVA renuncia a cerrar sucursales si el grupo fusionado no tiene otra a menos de 300 metros.
Entre las garantías de financiación, incluye a los autónomos y abre la mano para las pymes asumiendo una mayor protección. Hasta ese momento, por ejemplo, garantizaba todo el circulante de pymes de Sabadell y el resto de la financiación si lo obtienen al 100% de BBVA-Sabadell. Baja ese umbral al 85% para el conjunto de España, salvo en Cataluña y las Islas Baleares donde mantendrá la financiación si, al menos, un 50% procede de BBVA-Sabadell.
Ahora el problema es para el Gobierno que puede vetar la fusión pero no la operación.