En su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para presentar el informe anual de 2023, Buenaventura ha abordado diferentes preguntas de los diputados sobre la operación y ha explicado que la CNMV podría enfrentarse a un conflicto entre dos objetivos legítimos de la política pública.
Por un lado, estaría el derecho de los accionistas de Banco Sabadell a recibir «lo antes posible» la oferta; por el otro, el contar con la mayor información posible para tomar una decisión, incluyendo el veredicto de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Sobre el primer derecho, Buenaventura ha explicado que la normativa impone una «obligación de celeridad» a la CNMV, es decir, tiene mandato para aprobar las OPAs «lo más rápido posible». En cuanto al segundo, ha señalado que si las condiciones de Competencia que se imponen son «muy onerosas» y cambian mucho el resultado del grupo conjunto tras la eventual OPA, la información con la que contarían los accionistas para formarse un juicio «podría ser muy distinta».
«Tenemos un problema de tiempos frente a la lentitud de la información. Tenemos que evaluar cuáles son esos dos objetivos, cuál pesa más en cada momento y monitorizar el proceso para decidir cuando se debería producir la aprobación una vez el proyecto [o folleto] esté completo», ha afirmado.
También se ha referido a la práctica habitual que se sigue en este tipo de operaciones cuando el proceso depende de Competencia. En concreto, ha explicado que el número de OPAs donde el análisis de Competencia se ha elevado a fase dos ha sido «muy reducido» históricamente. «Todavía no sabemos si va a pasar a fase dos o fase uno», ha comentado.
Sin embargo, ha repetido en un par de ocasiones que la prioridad de la CNMV es la defensa del inversor minoritario y ha transmitido un mensaje de «tranquilidad y confianza» en el trabajo del organismo que preside en el análisis y gestión de las OPAs.
Preguntado por la imputación de BBVA como persona jurídica en el caso Cenyt, relacionado con contrataciones del expolicía José Manuel Villarejo, Buenaventura ha señalado que este tipo de asuntos son riesgos que deben incluirse en los diferentes documentos que un emisor traslada al mercado, pero no solo en el contexto de una OPA, sino en el contexto general de su negociación. «Sus accionistas hoy tienen derecho a conocer cómo evoluciona ese proceso y los riesgos que en cada momento la entidad puede identificar o medir. Lo que la CNMV ha hecho ha sido asegurarse de que el banco actualice sus documentos de registro y folletos a disposición de los inversores, con independencia de que haya una OPA».
