El motivo es una mala aplicación de la normativa en torno a los créditos hipotecarios, una norma clave que debería garantizar un mercado único competitivo y, sobre todo, una protección blindada para el consumidor.
Con el envío de su carta de emplazamiento, la UE da un ultimátum de dos meses para corregir estas deficiencias antes de elevar el caso a instancias mayores.
Y es que Bruselas detecta fallos en la protección y competencia hipotecaria. El foco de la discordia se centra en la Normativa 2014/17/UE, el marco legal que debería permitir que cualquier ciudadano europeo pueda contratar una hipoteca o servicios de intermediación con empresas de otros Estados miembros con total seguridad. Según el Ejecutivo comunitario, España ha fallado a la hora de adaptar varios puntos críticos de esta ley, limitando la eficiencia de un mercado que debería ser único y transparente. Uno de los reproches más contundentes de la Comisión tiene que ver con la evaluación de la solvencia. La normativa europea exige que todos los prestamistas de la UE tengan acceso a las bases de datos de solvencia del país donde operan, algo que España no ha transpuesto adecuadamente. Esto, en la práctica, dificulta que entidades de otros países puedan ofrecer créditos hipotecarios en nuestro territorio, reduciendo la competencia y las opciones para el cliente español.
La advertencia de la UE no se queda en un simple aviso. Al iniciar el procedimiento de infracción mediante la carta de emplazamiento [INFR(2025)2196], la Comisión pone en marcha el cronómetro legal. España dispone ahora de 60 días para responder y presentar soluciones a las deficiencias señaladas.
Bruselas también ha detectado irregularidades en la supervisión de los intermediarios de créditos hipotecarios. La norma establece que debe ser el país de origen quien vigile a estos profesionales, limitando el control del país de acogida para facilitar que operen a través de sucursales locales o de forma transfronteriza. Si el Ministerio de Economía no ofrece una respuesta satisfactoria, la UE podría emitir un «dictamen motivado», el paso previo a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
