El organismo justifica la sanción por el incumplimiento supuestamente los compromisos adquiridos por la compra de Transmediterránea en 2018. El organismo presidido por Fernández argumenta que la adquisición Transmediterránea por parte de Armas provocó que la compañía asumiera el monopolio en el tráfico marítimo entre la península y Canarias y «planteaba riesgos» para la competencia en el transporte de carga y pasajeros entre la península y Melilla, así como entre las islas, al desaparecer un competidor «relevante». Naviera Armas se comprometió a solventar estos problemas permitiendo la entrada en el mercado de una nueva compañía, FRS, para que comenzara a operar en las rutas Motril-Melilla, Huelva-Canarias y una ruta interislas.
Lo previsto era que estas dos compañías firmaran contratos de fletamiento de tres años, prorrogables por uno más, y otras obligaciones, como la cesión de amarres o el sistema de expedición de billetes, entre otros, que permitieran a FRS operar en estas rutas. Además, se incluyeron cláusulas que obligaban a informar a la CNMC e impedían modificar estas condiciones sin autorización previa.
Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, la CNMC declaró que Naviera Armas había incumplido parte de estos compromisos. Ahora, se abre un periodo de tres meses para la instrucción de este expediente y para su resolución por parte de la CNMC.
