En total, son ochos las exigencias que habían impuestos los barones populares y la portavoz del Gobierno Alegría ha dado este martes el «sí» del Gobierno a abordarlos. «Les avanzo que vamos a incluir todos los puntos», ha afirmado Alegría, a la conclusión de la reunión del Consejo de Ministros. «Hasta la última coma, en su absoluta literalidad», ha añadido la portavoz, de forma rotunda.
En concreto, los puntos solicitados por los barones del PP para tratarse en la Conferencia de Presidentes son los siguientes: reforma de la Financiación Autonómica, con la inmediata actualización de las entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda; acceso a la vivienda, lucha contra la ocupación y lucha contra la inquiocupación; un nuevo plan energético para evitar un nuevo apagón; el control de fronteras y política migratoria, blindando la competencia exclusiva del Estado; inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el «caos ferroviario» y asegurar el transporte público y las comunicaciones; el déficit de profesionales sanitarios y financiación de la dependencia; la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal; y, la financiación del primer ciclo de educación infantil.
Alegría ha reivindicado la apuesta de Sánchez por la Conferencia de Presidentes y ha dicho que es el presidente que más veces la ha convocado. En total, ha dicho que van 22 reuniones, frente a cuatro de Zapatero y dos de Rajoy. «Creo que es una cifra que habla por sí sola», ha señalado la portavoz del Gobierno. La también ministra de Educación ha defendido que el ministro Ángel Víctor Torres reunió a los consejeros autonómicos el 28 de mayo y se trataron los temas que se iban a incluir en el orden del día. Entre ellos, ha citado la vivienda, la universidad y la formación profesional.
En otro orden de cosas el Gobierno ha remitido a las Cortes la transposición de la directiva europea DAC8, que avanza en el control sobre los proveedores de criptomonedas:
el proyecto de ley que recoge la Directiva 2011/16/UE, modificada por la Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo, centrada en reforzar la colaboración administrativa en el campo de la fiscalidad
La norma adapta la legislación recaudatoria a la realidad actual, al contemplar el embargo de criptoactivos y de otros bienes y derechos en entidades de pago y en entidades de dinero electrónico
