Los letrados de la Cámara baja admiten en su informe previo que la proposición no de ley de los posconvergentes puede debatirse, aunque también cabría tumbarla. Es decir, no se inclinan por una u otra opción. Pero, al aceptar que sí cabe su debate, están abriendo la puerta a que los socios de coalición giren respecto a la posición sostenida la semana pasada y cedan ante la formación de Carles Puigdemont.
El expresident advirtió la semana pasada desde Bélgica que las cosas no estaban yendo «bien» con el Gobierno, y que hacía falta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza. Dado que esta es una prerrogativa suya, enteramente del jefe del Ejecutivo, la vía que introdujo Junts era registrar una proposición no de ley en el Congreso para instarle a que lo haga. PSOE y Sumar, que cuentan con cinco de los nueve puestos en la Mesa del Congreso, se inclinaban la semana pasada por rechazar la solicitud, apoyándose en un precedente similar de 2013, cuando el órgano rector de la Cámara baja, entonces controlada por mayoría absoluta por el PP, tumbó un requerimiento menos explícito de la dirección socialista de Alfredo Pérez Rubalcaba por tratarse de una «moción de censura encubierta».
Ahora, los letrados del Congreso, al no inclinarse por ninguna alternativa, al señalar que cabe tanto tramitar el texto de Junts como no hacerlo, facilitan a PSOE y Sumar que cambien de criterio, justo coincidiendo con la creciente presión ejercida en los últimos días por los posconvergentes, exigiendo a Sánchez a que al menos acepte debatir su propuesta. «Nos cuesta mucho imaginar que, tal y como están las cosas, el PSOE se niegue a que haya un debate sobre esta proposición. Si la Mesa dice que no hay nada que hablar, tomaremos nuestras decisiones», aseguraba este domingo el secretario general de la formación, Turull, en una entrevista en El Periódico de Catalunya.
Los letrados del Congreso, en su informe de 14 páginas, señalan primero que una proposición no de ley es una iniciativa de carácter meramente político, como ha consolidado el Tribunal Constitucional a través de su doctrina. Pero añaden que la Mesa ejerce su potestad de calificación de este tipo de propuestas, desde la «convicción» de que aunque gozan de un «amplio margen de flexibilidad» por no ser vinculantes, «no están exentas de límites». Los servicios jurídicos repasan la casuística variada de estos años de democracia, en los que se han inadmitido a trámite o se ha pedido reformular los textos en los que se instaba al Gobierno a realizar actuaciones propias de las Cortes, o que son competencia de la Mesa, o que se dirigen a administraciones autonómicas o locales, que no son controlables por la Cámara. También el órgano rector del Congreso ha rechazado mociones que pretenden vigilar la figura del Rey o que buscaban invadir la autonomía de otros órganos constitucionales.
Recuerdan también los letrados los precedentes en los que se han tumbado textos por los que se exige responsabilidad política al presidente del Gobierno. Entre ellos, el que registró la cúpula de Rubalcaba en 2013. Pero también hay ejemplos, advierten, en sentido contrario. En ese mismo año, 2013, en esa misma legislatura, la número X, la Mesa sí aceptó una propuesta de resolución de IU-ICV-CHA resultado el debate del estado de la nación que planteaba la desaprobación de la gestión del presidente Mariano Rajoy y de su ejecutivo. Se alegó en aquel momento que la Mesa «ha de facilitar que los grupos parlamentarios expresen sus opiniones y debatan sobre las mismas.
También señalan los servicios jurídicos que respecto a la petición de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones —otra prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno— ha habido decisiones para todos los gustos. Es decir, que en ocasiones se han aceptado esas mociones y en otras no. En la actual legislatura, por ejemplo, la Mesa aceptó una proposición no de ley de Vox en la que en su primer punto exigía la dimisión del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones. La misma Mesa que, la semana pasada, paró una enmienda de Vox a una iniciativa del PP que instaba al Gobierno a proponer al Rey la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevos comicios.
