PP, Junts, Vox y UPN votaron en contra. Pese a que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, instó a los grupos a apoyarlo para «no dejar a nadie atrás» y señalando que votar en contra supondría «hacer daño a millones de ciudadanos», la mayoría de los grupos cargó contra el Ejecutivo por mezclar la revalorización de las pensiones con medidas del denominado ‘escudo social». Algunos, como el diputado de UPN Catalán, lo calificaron de «nuevo chantaje».
Tras la votación, Bolaños únicamente apuntó: «Hoy es el día de recordar a aquellos que han tumbado que se incrementen las pensiones; 13 millones de pensionistas han sido perjudicados por los grupos de la derecha».
Entre las críticas más duras estuvieron las del PP, formación que, cargó contra «un decreto trufado» por mezclar políticas energéticas, de impuestos o de vivienda. «¿Qué están haciendo?», preguntó airado, denunciando que presentar este decreto ‘ómnibus’ es «una falta de respeto al Parlamento, al ordenamiento jurídico y a los que son los importantes, los españoles». «El decreto ley es por definición una medida de extraordinaria y urgente necesidad», explicó tras criticar que lo que se debatía en la Cámara Baja «no era una urgencia de país, sino una urgencia del Gobierno», que «ha convertido la anomalía democrática en su forma de vida». En este sentido, acusó al Ejecutivo de presentar dicho decreto por una «presión de culpabilidad» por no ser capaces de aprobar los presupuestos.
Si bien insistió, como ha venido haciendo el PP estos días, en que están a favor de la revalorización de las pensiones, criticó que tratara de incluirla en este decreto, por lo que volvió a reclamar que la presentasen «por separado». Por ello, denunció su «campaña mediática» para «desviar el foco» y culpar a la oposición de que no apoyen la subida de las prestaciones. Y, al mismo tiempo, mostró su rechazo a que «ahoguen al propietario con una vivienda okupada».
Junts, por su parte, cargó duramente contra el Gobierno, tanto por la okupación como por el caos ferroviario en Rodalies. Su portavoz, Nogueras, denunció también lo que tachó de «chantaje» y dejó claro que solo apoyarían la revalorización de las pensiones cuando el Gobierno lo presente “sin el chantaje de mantener y permitir las okupaciones y los impagos que sufren miles de familias de Cataluña”. “No pueden obligarnos a votar que sí a que no puedas hacer nada si te okupan el piso y no pagas el alquiler. Ayudar a las personas vulnerables, y tanto que sí, y esto es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. Dejar tiradas a las personas que sufren las okupaciones y los impagos, nunca”, añadió en un duro tono.
Al mismo tiempo, aprovechó para decir que “lidera más Puigdemont desde el exilio que algunos desde el Palau» y que «es evidente que Cataluña necesita liderazgo para remontarla”. Apuntó que no pensaba que este Pleno era “una sesión de control contra Junts” y lamentó que el “colapso en Cataluña es absoluto”. Y sin bajar el tono, avisó: “Si no despertamos, el riesgo a la decadencia es cada día más grande”.
Previamente, desde Podemos, Belarra pidió a la formación posconvergente «un poco de humanidad», porque «unir sus votos a PP y Vox» supondría «dejar en la calle a casi 60.000 familias en este país que están en situación de precariedad». Y avisó que su rechazo les situaba en el mismo lugar que el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, «que prefiere dejar a la gente en la calle en plenas Navidades». Eso sí, también tuvo críticas para el Gobierno por «priorizar la política de titulares, la política de ganar un poquito de atención mediática sobre la política de protección social».
Por su parte, el diputado de Vox Figaredo, después de explicar por qué rechazaban este decreto y tacharlo de “parche”, dijo, dirigiéndose a los miembros del Gobierno, que lo que traen para los españoles es “la ruina y la vergüenza”. “Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial, asesinos”, concluyó.
Por parte de Sumar, su portavoz adjunta y diputada de Catalunya en Comú, Aina Vidal, hizo una encendida defensa de lo público, especialmente en un entorno internacional autoritario y oligárquico como el actual, y acusó particularmente a Junts de mentir “porque le da vergüenza” votar en contra de la convalidación del decreto de prórroga del escudo social.
Agueda Micó, de Compromís, mostró su apoyo al decreto finalmente rechazado por considerar que era «imprescindible» para no «ahogar a quien ya está ahogado». Muy crítica con el PP, aseguró que «siempre tienen la excusa perfecta para votar en contra de los avances sociales». «Siempre hay algo que que no le encaja al señor Feijóo para poder votar en contra de la subida de las pensiones», dijo visiblemente enfadada. Pero también aprovechó para cargar contra el PSOE por su política de vivienda, la cual, dijo, «es un rescate inmobiliario encubierto». «Gobernar protegiendo a especuladores no es progresista» y «confundir el derecho de la vivienda con el derecho a hacer negocio es cambiar de bando», sentenció en referencia a la medida anunciada por el Ejecutivo para la bonificación del 100% en el IRPF a los arrendadores que prorroguen los alquileres sin subir la renta.
En el PNV, aunque finalmente votaron a favor, fueron “críticos con la forma en que se ha gestado el decreto y también con la prórroga de una medida muy controvertida, la suspensión de los desahucios” porque, “tal y como está diseñada no atiende a datos, sino a postulados ideológicos”. La diputada Idoia Sagastizabal cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez por “mezclar” en un mismo decreto “medidas urgentes y necesarias” como la revalorización de las pensiones con “otras controvertidas” como la suspensión de los desahucios para “forzar un falso dilema”. Y le emplazó a dejar de “jugar a la ruleta rusa” con estas cuestiones. Los ‘jeltzales’ aprovecharon para exigir «ya» al Gobierno que exima «a propietarios de una sola vivienda de la moratoria”, que también son en algunos casos “vulnerables”. De lo contrario, advirtió de que se extenderá aún más el miedo entre los caseros, que retirarán sus viviendas del mercado del alquiler. “Y esta es la gran paradoja: políticas que dicen proteger a los vulnerables que también están expulsando el mercado de alquiler a muchas familias, especialmente a clases medias y trabajadoras”.
Por parte de ERC, Salvador aseguró que votar en contra suponía «votar no a las necesidades de millones de personas, no solo de Cataluña, sino también de los distintos pueblos del Estado español». Así, criticaba a «las derechas y la extrema derecha» por «tumbar protecciones sociales por puro electoralismo» y por «jugar con la pobreza de la gente por desgastar al Gobierno». Aquí, salió en cierto modo en defensa del Ejecutivo al señalar que «ya es suficiente con gobernar a golpe de prórroga».
Mientras, el portavoz adjunto de EH Bildu, Matute, responsabilizó a PP, Vox y Junts de que las personas vulnerables sin alternativa habitacional vayan a ser desahuciadas y recordó que esos grupos ya apoyaron otros decretos ómnibus con otros beneficiarios, por lo que atribuyó a “cálculo partidista” que ahora no lo hagan.
Desde el BNG, que apoyó el decreto, Rego criticó tanto al Gobierno, por su «tendencia a las medias tintas» que allanan el camino a la ultraderecha, como al PP por su «demagogia».
Por su parte, Cristina Valido, de CC, comenzó apuntando que este debate les colocaba en una «situación endiablada», subrayando que, tras valorar «el impacto de estas medidas en millones de personas», optaron por un «voto útil», aunque daba por hecho que no iba a «cambiar el resultado».
El decreto rechazado fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre y recogía, por un lado, la revalorización de las pensiones en un 2,7%, del 7% para las mínimas y del 11,4% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y junto a esta medida se incluían otras relacionadas con el ‘escudo social’, como son la prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional y la extensión de la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores con la condición de vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, también está la extensión de la vigencia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los valores fijados para 2025. Otras medidas que formaban parte de este decreto ‘ómnibus’ están relacionadas con los territorios y personas afectadas por los incendios forestales del pasado verano o por la dana que afectó a Valencia. La norma establece la exención de tributación para las ayudas personales concedidas a los afectados, prolonga las ayudas para la reconstrucción de los municipios y recoge nuevas exenciones en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades para profesionales y empresas afectadas. Asimismo, recoge también medidas que afectan a la financiación territorial, como la prórroga de las entregas a cuenta de las comunidades.
